Estas protestas se plantean como respuesta a lo que califican de situación habitacional insostenible en todo el país y pretenden convertirse en el punto de partida para organizar una huelga general centrada en el problema de la vivienda.
Bajo el lema ‘Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos’, la Confederación denuncia que el coste de la vivienda absorbe más de la mitad de los ingresos de la mayoría social. Según sostienen, esta presión económica impide la emancipación de la juventud, fuerza a muchas personas a compartir piso o a vivir en peores condiciones y acaba deteriorando el tejido social y comercial de los barrios, ya que quienes no pueden afrontar las subidas de precios se ven obligados a marcharse.
Reivindicaciones clave del calendario de protestas
Las movilizaciones se articulan en torno a tres grandes reivindicaciones. En primer lugar, exigen que los contratos de alquiler sean indefinidos, de forma que las familias y personas inquilinas dispongan de mayor estabilidad y no estén sometidas a continuas renovaciones o subidas de precio. Vinculado a esto, reclaman una bajada efectiva de los precios del alquiler y, al mismo tiempo, una subida de los salarios y de las pensiones mínimas hasta los 1.500 euros, con el argumento de que solo así se puede equilibrar la relación entre ingresos y coste de la vivienda.
En segundo lugar, los sindicatos de inquilinas piden la expropiación de los grandes tenedores de vivienda y la creación de un parque habitacional fuera del mercado, destinado a alquiler social y protegido. A su juicio, esta medida sería necesaria para frenar los desahucios y ofrecer una alternativa estable a quienes no pueden asumir los precios actuales, reduciendo así la dependencia del mercado privado y la especulación.
La tercera gran reivindicación pasa por una reforma profunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que, según denuncian, ampara una estafa a los inquilinos. En este marco, reclaman poner fin al uso abusivo del alquiler de temporada y del alquiler de habitaciones, modalidades que se utilizan para esquivar los límites y protecciones del alquiler residencial ordinario y que, en la práctica, encarecen los precios y dejan a los inquilinos con menos derechos.
Calendario de movilizaciones
El calendario de movilizaciones arranca en Guadalajara el 23 de mayo. Un día después, el 24 de mayo, están previstas convocatorias simultáneas en Madrid, Teruel, Zaragoza y Badajoz, lo que muestra la voluntad de extender la protesta a diferentes territorios y tamaños de ciudad. El mes de mayo se cerrará con movilizaciones en Burgos, Logroño y Murcia el día 30, y en Valladolid el día 31, configurando una primera fase de presión en varias comunidades autónomas.
Ya en junio, la agenda de protestas continúa con una cita en Vigo el 5 de junio. Para el 6 de junio los convocantes esperan que se convierta en la jornada de mayor intensidad, con concentraciones y acciones en Cataluña, Valencia, Alicante, Gijón, A Coruña, Ourense, Segovia, Cantabria, Ávila y Santiago de Compostela. La inclusión de Valencia este día subraya la importancia de esta ciudad en la movilización por la vivienda, tanto por el peso de su mercado de alquiler como por la capacidad de arrastre que puede tener en la Comunidad Valenciana.
En Cataluña, explican que la movilización adoptará la forma de una macroencuesta sobre el coste de la vida, en puntos descentralizados del territorio y en el marco de la campaña enscostalavida.org. Con esta fórmula, buscan recopilar datos directos de la población sobre cómo impactan los precios de la vivienda, los suministros y otros gastos básicos en el día a día, y utilizar esa información para reforzar su denuncia pública.
La oleada de protestas se prolongará durante todo el mes de junio. El calendario prevé una jornada de movilización en Salamanca el 21 de junio, a la que seguirán acciones en Málaga y Cádiz el 27 de junio y, finalmente, en Gran Canaria el 28 de junio. Los convocantes avanzan que en las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas y ciudades que se sumarán a este recorrido, con el objetivo de ampliar el mapa de movilizaciones y dar visibilidad a la problemática de la vivienda también en áreas donde la organización está en fase de crecimiento.
Hacia una huelga general y una alianza amplia
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas plantea que este ciclo de protestas no se limite a acciones puntuales, sino que sirva como base para preparar una huelga general. Consideran que la vivienda se ha convertido en un asunto político de primer orden, que atraviesa la vida cotidiana de la mayoría social y condiciona desde la capacidad de ahorrar hasta la posibilidad de formar un hogar o elegir dónde vivir.
La llamada a la protesta se dirige a todos los agentes sociales comprometidos con el derecho a la vivienda y también a los sindicatos de trabajadores, con la intención de tejer una alianza amplia. Aspiran a frenar lo que describen como una transferencia constante de ingresos de la clase trabajadora hacia los rentistas, es decir, hacia quienes obtienen beneficios de la propiedad inmobiliaria. Al mismo tiempo, quieren confrontar el discurso de la extrema derecha que culpa a la población migrante del empobrecimiento general y presionar al gobierno para que adopte reformas contundentes en materia de vivienda que protejan de forma efectiva a los inquilinos.
