El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asegura que el Gobierno valenciano va a arreglar el conflicto educativo que ha derivado en una huelga indefinida del profesorado y reivindica que existe voluntad de hacerlo. Aun así, insiste en que para alcanzar un acuerdo es imprescindible que todas las partes se sienten a hablar, se escuchen y asuman su parte de responsabilidad en un clima de tensión que, a su juicio, bloquea cualquier avance.
El dirigente autonómico se detiene a hablar con directores de centros y representantes de la federación de asociaciones de padres y madres FAMPA a la salida de la sesión de control en Les Corts, por la puerta trasera del Parlamento. El grupo de representantes de la comunidad educativa se encontraba allí después de intentar registrar 110 dimisiones de equipos directivos, un gesto de protesta vinculado a la huelga indefinida, que no se ha aceptado al no ir dirigidas formalmente a la Cámara.
Compromiso de diálogo y autocrítica
En esa conversación, Pérez Llorca subraya que van a seguir negociando y alerta de que, si todo se plantea desde el enfrentamiento, no se avanza nunca. Explica que tiene la sensación de que haga la propuesta que haga el Consell, se rechaza de antemano y no se valora, algo que considera un error porque impide identificar puntos de consenso que podrían desbloquear el conflicto.
Ante la petición de que continúen las conversaciones, después de que la consellera de Educación se levantara de la mesa de negociación en la última reunión, responde que van a continuar negociando. Se muestra con ganas de llegar a un entendimiento y de planificar las medidas con cierta estabilidad en el tiempo. Cuando los docentes le replican que ellos tienen todavía más ganas de acuerdo, el president responde que si las dos partes no son capaces de pactar es porque algo están haciendo mal ambas, lo que a su juicio obliga a cambiar el tono del debate.
Pérez Llorca llama a que todos hagan autocrítica y afirma que asume el 50 % de responsabilidad en la falta de acuerdo. Reitera que es necesario hablar y entenderse y garantiza que el Consell va a seguir en la mesa de negociación. Asegura además que no hay ni ha habido ningún ultimátum de la Conselleria de Educación a los sindicatos para forzar la firma de un documento concreto, con lo que intenta rebajar la sensación de presión sobre las organizaciones convocantes de la huelga.
El president explica que está ultimando los presupuestos de la Generalitat y que ya ha cuantificado el coste económico del documento que se había puesto sobre la mesa y sobre el que, según sostiene, había un acuerdo aproximado. Se compromete a que todo lo que finalmente se firme se llevará a cabo, avisando de que cualquier pacto tendrá que encajar en las cuentas públicas y en la planificación plurianual que prepare el Consell.
Como ejemplo de cómo avanzar, defiende que si se alcanza un acuerdo en un punto concreto, como la simplificación administrativa de las tareas docentes, ese aspecto quede consolidado y no se vuelva a empezar de cero en cada nueva reunión. A su entender, si en cada cita se replantea todo el paquete, se tiene la sensación de perder el tiempo y de que las cosas no se van a arreglar nunca, lo que alimenta la frustración en los centros.
Pérez Llorca subraya que diálogo va a haber y que están dispuestos a hablar todo lo que haga falta. Argumenta que hoy no se ha celebrado una nueva reunión con los sindicatos porque había sesión de control en Les Corts y el Consell tiene que cumplir sus agendas institucionales, pero augura que la negociación se retomará la semana siguiente. Con ello pretende trasladar la idea de que la suspensión de un encuentro concreto no significa ruptura, sino un ajuste de calendario.
Añade que lo que lleva años sin hacerse no puede arreglarlo en un solo año de gobierno y que será necesario planificar las medidas en varios ejercicios presupuestarios. Considera que lo ideal es alcanzar principios de acuerdo que después se desarrollen en una comisión de seguimiento, de manera progresiva y con evaluación de resultados, para que la comunidad educativa vea que los compromisos se transforman en cambios reales.
Cuando los docentes le trasladan la situación de sus centros, Pérez Llorca atribuye parte de los problemas a decisiones del anterior responsable autonómico de Educación, al que acusa de firmar la construcción de varios colegios sin memoria económica suficiente. Sostiene que se prometieron infraestructuras sin dotarlas de recursos, de forma que, según su versión, se generaron expectativas imposibles de cumplir porque no había dinero reservado.
En esa misma línea, afirma que determinados proyectos que se contrataron con una cantidad muy baja ahora tienen un coste muy superior y que, por ejemplo, lo que antes se presupuestaba con 3 euros ahora vale 12. Con este argumento trata de justificar la presión sobre las cuentas educativas y la necesidad de buscar nuevas partidas si se quiere mantener o ampliar los compromisos asumidos con los centros.
El president reprocha a los presentes que, cuando pide más financiación al Gobierno central para mejorar la educación en la Comunitat Valenciana, nadie lo respalda públicamente ni se suma a esa reclamación. Señala que los sindicatos ya disponen de un documento para firmar si lo consideran oportuno, con una oferta salarial que, según recuerda, ha sido aceptada por las organizaciones en otras comunidades pese a ser mucho más baja. Con ello pretende mostrar que la propuesta autonómica es, a su juicio, competitiva.
Asimismo, deja claro que no va a derogar la ley de libertad educativa porque, sostiene, la ha votado la mayoría de la sociedad valenciana a través de sus representantes. Lamenta que se atribuya únicamente al Consell la responsabilidad de que no exista un acuerdo educativo amplio y apunta a que también influyen la postura de los sindicatos y la falta de apoyos a su estrategia de financiación ante el Gobierno central.
En conjunto, el mensaje que traslada Pérez Llorca es que el conflicto educativo solo se resolverá con negociación continuada, cesiones mutuas y una planificación realista de las medidas, tanto en materia de plantillas y salarios como en inversiones e infraestructuras, siempre dentro de los límites que marcan los presupuestos autonómicos.
