La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de 2024 ha acordado citar como testigo a la diputada provincial de Carreteras, Reme Mazzolari, y solicitarle a ella y al diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, que aporten de forma voluntaria los registros de llamadas que realizaron durante la jornada en que se produjo la emergencia.
Según consta en una resolución facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la decisión se adopta tras la declaración como testigo de la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, quien ha manifestado ante la jueza que el 29 de octubre de 2024 contactó telefónicamente con ambos diputados para informarles de la situación generada por la dana y las incidencias que se estaban produciendo en el municipio.
Revisión de las comunicaciones durante la emergencia
En base a ese testimonio, la jueza ha acordado volver a citar a Avelino Mascarell, esta vez para que tenga la oportunidad de aportar las llamadas anteriores a las 18:55 horas del 29 de octubre de 2024 realizadas a la entonces alcaldesa de Chiva. El objetivo es reconstruir con mayor precisión la secuencia de comunicaciones entre los responsables políticos y municipales en las horas clave de la emergencia, y determinar qué información se compartió y en qué momento.
La magistrada busca así disponer de un cuadro cronológico más completo sobre cómo se gestionó la dana desde las distintas administraciones implicadas. El detalle de las llamadas puede ayudar a aclarar cuándo se activaron los avisos, qué peticiones de ayuda se cursaron y qué respuestas se ofrecieron desde la Diputación a los problemas detectados en la red viaria y en el dispositivo de bomberos.
La jueza también ha acordado, con el consentimiento expreso de la exalcaldesa, solicitar a la compañía telefónica asociada a la línea móvil de Amparo Fort que remita la factura detallada correspondiente al 29 de octubre de 2024. La finalidad es obtener el listado completo de llamadas emitidas ese día relacionadas con la emergencia provocada por la dana y contar con un soporte documental que complemente el testimonio prestado en sede judicial.
Una vez recibida la información de la operadora, la letrada de la Administración de Justicia procederá a cotejar los datos. Este contraste permitirá verificar los horarios, la duración de las comunicaciones y los números implicados, y servirá para confirmar o precisar las versiones ofrecidas por los distintos testigos. Con ello, el juzgado pretende avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades en la gestión de la dana de 2024 y en la valoración de las decisiones adoptadas por los cargos públicos durante ese episodio de emergencia.
