La Policía Nacional ha detenido en València a un hombre de 42 años acusado de falsedad documental y de favorecer la inmigración irregular por organizar empadronamientos ilegales de ciudadanos extranjeros a cambio de dinero. Según la investigación, el objetivo de estos trámites era simular una residencia en la ciudad para facilitar el acceso a derechos y procedimientos administrativos en España.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en la comisaría de distrito de Abastos por posibles delitos de estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular. A partir de esa primera información, los agentes comenzaron a analizar la documentación aportada y a rastrear el origen de los contratos que se utilizaban para justificar los empadronamientos.
Empadronamientos con contratos de alquiler falsos
Los investigadores determinaron que el sospechoso llevaba operando al menos desde el año 2022. Su actividad se centraba en la elaboración y facilitación de contratos de arrendamiento falsificados que posteriormente eran utilizados para empadronar a un elevado número de personas.
En esos contratos aparecían como arrendadores personas que, según la investigación, nunca habrían autorizado ni intervenido en la firma de los documentos. Esto indica que sus datos se habrían utilizado sin conocimiento ni consentimiento, lo que convertía los documentos en piezas clave para sostener la apariencia de una relación de alquiler inexistente.
Los contratos falsos se entregaban principalmente a ciudadanos de origen pakistaní, muchos de ellos en situación administrativa irregular en España. Para estas personas, conseguir el empadronamiento en un municipio puede resultar determinante, ya que el padrón se utiliza como prueba de residencia habitual y abre la puerta a determinados servicios y gestiones con la Administración.
El objetivo de la trama, según las pesquisas, era que estas personas pudieran inscribirse en el padrón municipal de València pese a no residir realmente en el domicilio que figuraba en los contratos. De este modo se generaba una apariencia ficticia de residencia estable que les permitía iniciar o agilizar trámites administrativos.
Las pesquisas policiales confirmaron que la mayoría de los inscritos ni siquiera llegaban a vivir en las viviendas señaladas en la documentación. El empadronamiento se utilizaba únicamente como vía para acceder a derechos y procedimientos en el territorio nacional, aprovechando la confianza que las administraciones depositan en los documentos de arrendamiento.
Por cada gestión, el presunto responsable cobraba distintas cantidades de dinero, lo que le habría reportado un beneficio económico continuado en el tiempo. Este cobro por trámite refuerza la consideración de que se trataba de una actividad organizada y repetida, y no de hechos aislados.
Una vez reunidas todas las pruebas necesarias sobre el uso de contratos de alquiler falsos y la vinculación del sospechoso con los empadronamientos irregulares, los agentes procedieron a su detención a mediados de mayo como presunto autor de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.
Tras ser arrestado y trasladado a dependencias policiales, el detenido fue puesto en libertad, con la obligación de comparecer cuando sea requerido por la autoridad judicial. Será en sede judicial donde se valoren las pruebas recabadas y se determine su responsabilidad penal en la presunta red de empadronamientos ilegales.
