La consellera de Justicia, Nuria Martínez, defiende que el juzgado de Catarroja seguirá contando con el mismo número de efectivos de refuerzo que hasta ahora, pese a la polémica generada por el relevo parcial del equipo que trabaja en la causa penal sobre la gestión de la dana. Según explicó, el procedimiento para cubrir esas plazas se ha desarrollado de forma transparente y con criterios que califica de objetivos, ligados al proceso de estabilización de la plantilla.
Martínez subraya que el refuerzo del órgano judicial no se reduce, sino que se mantiene la misma dotación, aunque con cambios en parte de las personas que ocupan los puestos. De las cuatro plazas de refuerzo, una de auxilio judicial se ha cubierto mediante comisión de servicios y de las otras tres la magistrada responsable del juzgado ha optado por quedarse con dos integrantes del anterior equipo. La consellera recalca así que la jueza ha tenido margen para decidir qué profesionales continúan, lo que, a su juicio, garantiza la continuidad del trabajo en la macrocausa abierta por la dana.
Durante su intervención en la Comisión de Justicia de Les Corts, la consellera insiste en que actúa guiada por sus principios y convicción, y no por el interés en obtener repercusión en redes sociales o mejorar su posición política. Frente a las acusaciones de arbitrariedad, sostiene que no existe una maniobra oculta en la reconfiguración de los refuerzos y que el expediente se ha tramitado siguiendo la normativa y los criterios generales fijados para toda la Administración de Justicia.
Críticas de PSPV y Compromís por el relevo del equipo
Los grupos del PSPV y Compromís centran sus críticas en el riesgo que, a su juicio, supone modificar parte del equipo que conoce en detalle la investigación sobre la dana. El diputado socialista Ernest Blanch argumenta que el temporal y sus víctimas han marcado la legislatura y advierte de que no se puede permitir que se genere una sensación de sospecha por el cambio de refuerzos, al entender que se rompe el grupo de trabajo especializado en la macrocausa.
Desde Compromís, el diputado Jesús Pla reprocha que los cuatro puestos de refuerzo se crearon en junio de 2025 y que, por tanto, solo llevan un año en funcionamiento. A su entender, esa antigüedad no obligaba a suprimir ni modificar las plazas, por lo que cuestiona que se haya optado ahora por reordenar el equipo cuando la causa penal sigue abierta y requiere estabilidad en los recursos humanos.
Ante estas críticas, Martínez insiste en que en ninguna cabeza, y menos en la suya, entra la idea de perjudicar una instrucción relacionada con lo que define como la mayor catástrofe que ha sufrido la comunidad. Defiende que su motivación para asumir el cargo está vinculada precisamente a la gestión de las consecuencias de la dana y asegura tener la conciencia muy tranquila sobre las decisiones adoptadas en el juzgado de Catarroja.
La consellera considera que las acusaciones vertidas desde la oposición implican una falta de respeto hacia los 5.700 funcionarios de la Administración de Justicia. Asegura que este personal cuenta con la formación, la dedicación y la capacidad necesarias para afrontar causas complejas en cualquier órgano judicial, incluidos los procedimientos derivados de fenómenos meteorológicos extremos como la dana.
Según explica, el proceso de estabilización en Justicia se ha diseñado para reducir la temporalidad y dar continuidad a las plantillas, siguiendo criterios generales que se aplican desde julio. Entre ellos, destaca la prioridad para las plazas interinas con más de tres años de antigüedad y la secuencia de provisión acordada con los sindicatos: primero cubrir los puestos mediante comisión de servicios, después recurrir a la bolsa de interinos y, por último, sacar las plazas a concurso público si quedasen vacantes.
En el caso concreto de Catarroja, detalla que, una vez resuelta la convocatoria de comisión de servicios, una de las cuatro plazas de refuerzo, la de auxilio judicial, fue solicitada por otra persona. Respecto a las otras tres posiciones, la magistrada disponía de libertad para elegir a quién mantenía en su equipo y, por el momento, ha reclamado únicamente a dos de los integrantes anteriores. De este modo, el juzgado conserva el mismo volumen de refuerzo, pero se adapta al nuevo marco de estabilización.
Martínez pide a PSPV y Compromís que dejen de manipular, en sus palabras, el debate sobre los refuerzos y que no incrementen el dolor de las víctimas de la dana utilizando esta cuestión como arma política. Reitera que el procedimiento aplicado en Catarroja responde a criterios objetivos, ligados al tiempo que las plazas llevaban reforzando el órgano judicial, y que se garantiza la continuidad del mismo número de efectivos asignados a la causa.
Críticas a una ley del Gobierno central sobre eficiencia en Justicia
En paralelo a la polémica por el juzgado de Catarroja, la consellera critica la Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia de la Administración de Justicia impulsada por el Gobierno central, en vigor desde hace un año. A su juicio, esta norma no ha resuelto ninguno de los problemas estructurales que arrastra la Justicia en España y está condenada al fracaso porque no aporta soluciones efectivas al funcionamiento diario de los juzgados.
Martínez sostiene que, como resultado de esa ley, en la Comunitat Valenciana se ha generado más inseguridad e incertidumbre jurídica, además de descontento entre profesionales y personal funcionario. Añade que también se han producido sobrecostes y retrasos tanto en las infraestructuras judiciales como en los sistemas y aplicaciones de gestión procesal. Frente a este escenario, reivindica que el Consell trabaja para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia y las condiciones laborales de quienes prestan servicio en ella, con medidas que, según defiende, persiguen un refuerzo real de los recursos disponibles.
