Un decreto ley con el que el Gobierno autonómico busca garantizar que los usuarios dispongan de un servicio público de transporte en buenas condiciones, con garantías y a precios razonables.
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación confirman que el texto se elevará al pleno después de que las patronales de VTC MOVVA y Unauto VTC hayan avanzado la inminente aprobación de la norma. Estas asociaciones confían en que el decreto aporte suficiente seguridad jurídica y consolide la posibilidad de que los VTC sigan prestando servicios en el ámbito urbano, un punto clave para la continuidad de su modelo de negocio.
Meses de protestas y presión del sector
La nueva regulación llega tras un periodo prolongado de tensión entre el sector del taxi y el de los VTC. Las discrepancias se han centrado en el grado de restricción que debe aplicarse a los vehículos con conductor: el taxi reclama una normativa más dura y limitativa para los VTC, mientras que las empresas de VTC defienden que se les permita seguir operando con normalidad en las ciudades y mantener su presencia en el transporte urbano.
Este choque de intereses ha derivado en numerosas movilizaciones, especialmente protagonizadas por taxistas, que en algunos momentos han llegado a colapsar el tráfico en València. Entre las acciones de protesta se han visto marchas lentas y una llamada huelga a la japonesa, ofreciendo servicios gratuitos como forma de presión para visibilizar sus reivindicaciones sin dejar de atender a los usuarios.
La última gran movilización del taxi tuvo lugar el 15 de mayo, con una marcha lenta por el centro de València que concluyó ante la sede de la Conselleria de Infraestructuras, en el complejo administrativo 9 d’Octubre. Con esta acción, el sector quiso insistir en su exigencia de una regulación más restrictiva para los VTC y denunció lo que considera intrusismo en su actividad tradicional.
Prioridades del Gobierno y búsqueda de un acuerdo difícil
En este contexto, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ya advirtió en marzo de la dificultad de alcanzar un acuerdo que satisfaga plenamente tanto al taxi como a las empresas de VTC. Según expuso entonces, el Consell asume que será imposible una solución que deje conformes a las dos partes y recalca que la prioridad del Gobierno valenciano son los ciudadanos y la calidad del servicio que reciben.
Por su parte, las patronales MOVVA y Unauto VTC insisten en que el decreto ley debe ofrecer un marco estable para desarrollar su actividad, sin incertidumbres regulatorias que pongan en riesgo inversiones y empleo. Subrayan la importancia de que la norma defina con claridad las condiciones para la prestación de servicios urbanos, ya que de ello depende, en gran medida, su viabilidad futura en la Comunitat.
Precedente catalán y advertencias
En un comunicado difundido este jueves, estas asociaciones recuerdan además que la Comisión Europea revisa la regulación restrictiva aprobada en Cataluña, un precedente que consideran relevante para el caso valenciano. Desde su perspectiva, la experiencia catalana muestra los riesgos de aprobar normas demasiado limitativas para los VTC.
El sector del taxi, en cambio, insiste en que la regulación debe proteger su actividad y evitar una competencia que considera desleal. Las movilizaciones se convocan de forma unitaria por siete organizaciones del sector —Confederación de Taxistas Autónomos, Unión de Asociaciones de Autotaxis, ATCV, USOCV, Ucata, APC Caracol y PKT Asian Association—, que alertan de que, según sus cálculos, el futuro de 9.216 familias depende de cómo se configure el nuevo marco normativo.
A la espera del texto definitivo, el decreto ley que el Consell prevé aprobar este viernes se perfila como un punto de inflexión en el equilibrio entre taxi y VTC en la Comunitat Valenciana, con impacto directo en la organización del transporte urbano y en la forma en que los ciudadanos se mueven por las ciudades.
