Vox sostiene que la llamada prioridad nacional está ya acordada y blindada en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026, hasta el punto de que, según su síndic en Les Corts, si este principio no estuviera garantizado el partido no seguiría negociando ni respaldaría las cuentas.
Esa prioridad, según la formación, se traducirá de forma concreta en medidas y números en los capítulos de vivienda, ayudas sociales y defensa del producto nacional. Vox enmarca ahí su exigencia de que las personas con mayor vinculación con la Comunitat Valenciana tengan preferencia en el acceso a determinados recursos públicos.
Presupuestos pactados con el PP
Los presupuestos de 2026 han sido pactados entre el PP y Vox, ya han sido ratificados por el pleno del Consell y está previsto que se aprueben definitivamente en Les Corts el 22 de julio. Para Vox, este acuerdo presupuestario es la vía para convertir en normas sus demandas sobre vivienda, política social y apoyo a sectores productivos locales.
El síndic de Vox insiste en que no entra en un debate sobre nacionales o nacionalizados y recalca que su discurso se centra en los españoles primero. Vincula la idea de prioridad nacional con la permanencia, la vinculación y la colaboración de las personas con la Comunitat Valenciana, de manera que quienes llevan más tiempo asentados y contribuyen al sistema tendrían preferencia frente a quienes no cumplen esos criterios.
En ese marco, Vox afirma que su preocupación se dirige a los inmigrantes en situación irregular que, según su relato, han llegado de forma masiva a España y a la Comunitat Valenciana y a aquellos que cometen delitos, no se adaptan o no contribuyen a sostener el sistema público. A partir de esa premisa, el partido defiende que es necesario replantear quién accede primero a determinadas prestaciones, y advierte de que aún se tendrán que modificar muchas cosas en el texto presupuestario, porque forman parte de la negociación abierta con el PP.
Como concreción de esa prioridad nacional, Vox anuncia la implantación de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento, vinculación con el territorio y trayectoria de cotización para poder acceder a vivienda pública y a determinadas ayudas sociales. Esto implica que la antigüedad en el padrón, la estabilidad de la residencia y el historial de cotizaciones se convertirán en requisitos más relevantes para tener derecho a estos recursos.
Además, la formación plantea una exclusión de las prestaciones estructurales para quienes se encuentren en situación administrativa irregular. Según su planteamiento, se atenderá a quien lo necesite en situaciones de urgencia o vulnerabilidad, pero sin otorgar a las personas sin papeles una prioridad estructural en el acceso a los servicios sociales frente a quienes cumplen los requisitos de arraigo y contribución. Vox presenta estos cambios como una forma de ordenar el sistema de ayudas y reforzar la preferencia hacia quienes, en su opinión, sostienen de manera continuada el sistema público.
