Un empleado de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), responsable del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), ha declarado como testigo en la causa por la DANA que azotó la Comunitat Valenciana que era responsabilidad de Emergencias interpretar los datos de lluvia y caudales, y que el análisis del riesgo ya está previsto en el Plan de inundaciones, mientras ha cuestionado la forma en que se gestionó la reunión del Cecopi y algunas decisiones políticas adoptadas aquella jornada.
Este técnico ha explicado que el SAIH se utiliza de forma habitual para gestionar los recursos hídricos y medir los cauces de los ríos, y ha remarcado que el sistema funcionó sin fallos técnicos durante todo el episodio de lluvias. Según su testimonio, la labor de la CHJ se centró en facilitar los datos en tiempo real, mientras que la valoración del riesgo y la adopción de medidas de protección civil correspondían a los responsables de Emergencias, tal y como establece el Plan de inundaciones.
Función del SAIH y análisis del riesgo
El testigo ha relatado que el SAIH, de uso habitual, está destinado a gestionar recursos y medir cauces, por lo que su trabajo se enfocó en proporcionar información en tiempo real. En su declaración, ha insistido en que no hubo incidencias técnicas durante el episodio de lluvias.
Además, ha subrayado que el análisis del riesgo y la adopción de medidas de protección civil forman parte de las competencias de Emergencias. Así, según ha expuesto, la CHJ aportó datos, mientras que la interpretación y las decisiones posteriores correspondían a los responsables designados conforme al Plan de inundaciones.
Reunión del Cecopi y sensación de desajuste
El técnico ha señalado que estuvo conectado al Cecopi la tarde del 29 de octubre de 2024. Ha detallado que, cuando el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, se incorporó a la sala de mando, sobre las 20:30 horas, tuvo la sensación de que ‘iba perdido, como si hubiesen puesto allí a un extraterrestre’, porque, según ha dicho, hubo que repetir toda la información de nuevo para ponerse al día.
Preguntado por si esa repetición de explicaciones pudo retrasar la toma de decisiones, el testigo ha asegurado que no lo cree. Ha añadido que está convencido de que las decisiones más relevantes ya se habían tomado antes de la llegada de Mazón al Cecopi, por lo que, a su juicio, esa circunstancia no habría alterado el curso principal de la gestión de la emergencia.
Convocatoria y desarrollo de la reunión
El técnico también ha mostrado su extrañeza por el desarrollo general de la reunión del Cecopi. En su opinión, ese órgano de coordinación de emergencias podría haberse convocado con 12 o 24 horas de antelación, porque, según ha declarado, existía ‘base técnica’ suficiente para prever la gravedad de la situación meteorológica.
Ha considerado llamativos los distintos recesos que, según ha afirmado, ordenó la entonces consellera Salomé Pradas. Según su declaración, durante esos recesos los participantes que seguían la reunión por vía telemática se quedaron sin señal de vídeo y audio.
Problemas de comunicación y seguimiento de la DANA
Esta interrupción de la comunicación ha sido presentada por el testigo como un elemento que dificultó el seguimiento continuo de la evolución de la DANA y del estado de los cauces, en un contexto de riesgo elevado por la intensidad de las lluvias.
El empleado de la CHJ ha señalado, asimismo, que le sorprendió que las personas que dirigían la reunión desconociesen cuáles eran los municipios situados aguas abajo de la presa de Forata. Ha recordado que esa infraestructura se encontraba amenazada por la fuerte tromba de agua recibida y que conocer qué localidades podían verse afectadas es clave para valorar posibles medidas preventivas.
Alertas a la población y criterios de mensajes
Respecto a la comunicación de alertas a la población, este técnico ha asegurado que alrededor de las 19 horas la consellera Salomé Pradas les informó de su intención de enviar dos mensajes: uno dirigido al conjunto de la provincia y otro específico para las comarcas de la Hoya de Buñol y la Ribera Alta. Se trataba, según ha expuesto, de avisos preventivos ante la evolución de la DANA.
El testigo ha precisado que pidió que en esos mensajes se incluyesen también las zonas de l’Horta Sud y la Ribera Baixa, al considerar que podían verse afectadas por el incremento de caudales y la posible propagación de los efectos de las lluvias torrenciales hacia tramos inferiores de los ríos.
Evacuaciones y decisiones sobre desalojos masivos
Sobre las decisiones relativas a evacuaciones, el responsable del SAIH ha confirmado que fue el entonces responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, quien descartó ordenar desalojos masivos. Ha explicado que Basset justificó esa negativa en los posibles problemas que se podrían haber generado en las carreteras si se hubiesen movilizado grandes volúmenes de población en plena situación de temporal.
Así, el testigo ha apuntado que la estrategia de respuesta en materia de evacuaciones se vinculó a la valoración de riesgos asociados a la movilidad, en un escenario marcado por las condiciones meteorológicas adversas.
Valoración jurídica y falta de información, según la defensa
En el plano jurídico, la declaración también ha sido analizada por la defensa de la exconsellera Pradas. Estas fuentes han subrayado que, según su interpretación del testimonio, ‘se ha confirmado’ que ‘desde la CHJ no informaron a Emergencias de los datos interpretados o valorados de los caudalímetros ni los pluviométricos, como era su obligación en función del protocolo de avisos de la CHJ, incorporado en la causa’.
Las mismas fuentes han resaltado, además, lo que consideran una falta de información detallada por parte de la CHJ sobre caudales y lluvias en el seno del Cecopi. Han apuntado que, a su juicio, el organismo de cuenca debía haber trasladado esa interpretación de los datos ‘al ser miembros del comité asesor y grupo de seguimiento del riesgo, según el Plan de inundaciones’.
Continuidad de la investigación y marco de planificación
La investigación judicial sobre la gestión de esta DANA continúa abierta para determinar si se cumplieron los protocolos establecidos y si las decisiones adoptadas por los distintos responsables políticos y técnicos se ajustaron a las obligaciones previstas en los planes de emergencia por inundaciones.
Este procedimiento se sigue con especial atención en la Comunitat Valenciana, donde ya se han abierto otras diligencias relacionadas con episodios de lluvias extremas y emergencias recientes, como las abordadas en la sección de sucesos de Actualidad Valencia [/sucesos].
Para conocer el marco general de planificación frente al riesgo de inundaciones en España, puede consultarse el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, disponible en la página del Ministerio del Interior (https://www.interior.gob.es).
