La Generalitat ha presentado una nueva línea de ayudas para rehabilitar viviendas vacías y ponerlas después en régimen de alquiler durante un periodo mínimo de dos años. La iniciativa contará con una dotación de 3,6 millones de euros en los presupuestos autonómicos y busca aumentar la oferta de recursos habitacionales en la Comunitat Valenciana.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha explicado que el objetivo es “ayudar a los propietarios a acondicionarla para ponerla en el mercado de alquiler e incrementar así el número de recursos habitacionales a disposición de la ciudadanía”. La responsable autonómica ha dado a conocer la medida durante su participación en el Foro vivienda Comunitat Valenciana. Retos y oportunidades para una política de vivienda eficaz.
La nueva convocatoria se incorpora a la estrategia del Consell para “incrementar la oferta y acelerar el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana”, según ha defendido Camarero. La vicepresidenta ha vinculado esta línea de actuación con otros programas como el Plan Vive, que ya cuenta con 320 municipios adheridos y prevé el impulso de 4.800 viviendas de protección pública, cifra que alcanza las 6.000 unidades si se incluye la promoción privada activada.
Más vivienda disponible en el mercado
Camarero ha situado estas medidas en un contexto que ha definido como “extraordinariamente adverso después de años de parálisis, con una situación de infrafinanciación autonómica crónica y con un mercado de la construcción con los costes disparados”. En este escenario, ha defendido que la política autonómica está orientada a movilizar suelo, reducir trámites y reforzar los procesos de adjudicación de vivienda protegida.
Durante su intervención, la vicepresidenta ha contrapuesto la actuación de la Generalitat con las iniciativas del Gobierno de España. A su juicio, el Ejecutivo central “lleva años anunciando planes de vivienda que no se materializan, invade las competencias autonómicas y apuesta por medidas populistas e ineficaces, como el tope de precios de la vivienda”.
En esta línea, Camarero ha afirmado que limitar los precios del alquiler “lejos de solucionar el problema, lo agrava reduciendo la oferta y aumentando los precios, como se ha demostrado en ciudades donde se ha aplicado como en Barcelona”. También ha criticado el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que, según ha señalado, “llega tarde, sin consenso y trasladando el mayor esfuerzo económico a las autonomías”.
La vicepresidenta ha detallado que las comunidades autónomas pasan de financiar el 30 % al 40 % del plan, mientras que el Estado reduce su aportación del 70 % al 60 %. “Esto no es cogobernanza ni lealtad institucional, ya que no se puede diseñar la política de vivienda con imposición ideológica y de espaldas a quienes tienen las competencias y gestionan diariamente las ayudas y promociones de vivienda”, ha sostenido.
Vivienda protegida y simplificación administrativa
La responsable de Vivienda también ha destacado el proceso de simplificación administrativa impulsado por el Consell. Según ha detallado, esta estrategia ha permitido “desbloquear más de 8.500 expedientes de autorización administrativa previa”, con impacto directo en industrias y viviendas.
Camarero se ha referido además a la modificación del decreto 180/2024, que regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana. Según ha explicado, el cambio normativo ha permitido recuperar “los principios de igualdad, objetividad y concurrencia para las adjudicaciones de VPP” e incorporar la obligatoriedad de que los notarios comprueben el visado del comprador.
La vicepresidenta ha defendido que esta modificación ha favorecido una mayor movilización del sector. En concreto, ha asegurado que se ha triplicado el número de viviendas activadas por promotores privados desde la aprobación del decreto.
En paralelo, Camarero ha recordado que la Ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 refuerza los mecanismos de control en la adjudicación y acceso a las viviendas de protección pública. La norma introduce también que, en promociones desarrolladas sobre suelo público mediante colaboración público-privada, pueda valorarse el arraigo o la vinculación continuada con el municipio. Según ha indicado, esta medida recoge “una reivindicación de vecinos y alcaldes”.
Industrialización y acceso joven
La vicepresidenta ha señalado igualmente la apuesta del Consell por la vivienda industrializada. En este ámbito, ya se han licitado cerca de 100 viviendas de esta tipología, con prioridad para los municipios afectados por la dana.
Camarero también ha incidido en la creación de un clúster de construcción industrializada en la Comunitat Valenciana. El objetivo, según ha explicado, es convertir este sector en “un motor de innovación, sostenibilidad y competitividad” y situar a la autonomía como “hub industrial de vivienda en España”.
La responsable autonómica ha puesto en valor otras líneas dirigidas a facilitar la emancipación y el acceso a la primera vivienda, especialmente entre los jóvenes. Entre ellas, ha citado las ayudas al alquiler y compra, de las que en 2025 se beneficiaron cerca de 18.000 familias.
Asimismo, ha destacado el incremento de los recursos destinados a políticas de vivienda este año, con una subida del 15 % respecto a 2025 hasta alcanzar los 350 millones de euros. También ha defendido el impulso del Plan Integral contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, que, según ha concluido, contribuye a reforzar la seguridad jurídica, proteger a los propietarios y dotar de recursos frente a la ocupación de viviendas.
El sector pide más oferta y cambios fiscales
El foro ha contado también con la participación de expertos y profesionales del sector. La presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, Nora García, ha lamentado que hasta ahora “se haya legislado de espaldas al sector, cuando somos parte de la solución”. Además, ha valorado la puesta en marcha de los avales para jóvenes, una reivindicación que, según ha recordado, los agentes inmobiliarios planteaban desde 2018.
Desde la Federación de Obras Públicas de Alicante, Javier Gisbert ha defendido la necesidad de “reducir el IVA que se aplica a la compra de vivienda protegida y apostar por un tipo reducido o superreducido”. En su intervención, ha subrayado que “no se debería pagar lo mismo por la adquisición de en una vivienda de lujo que por una vivienda de protección pública”.
El representante de la Asociación de Empresas Promotoras de València, Vicente Llácer, ha apostado por “grandes soluciones para problemas complejos, que permitan ampliar la oferta de vivienda”. Por su parte, el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, Fernando Cos-Gayón, se ha mostrado contrario a topar los precios del alquiler porque, según ha afirmado, “lejos de solucionar el problema, lo agrava reduciendo la oferta existente y aumentando el precio de los que se encuentran en el rango más bajo”.
El arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, José Durán, ha defendido la conveniencia de adaptar la construcción de viviendas a las nuevas necesidades sociales. En esta línea, ha señalado la idoneidad de “adaptar la normativa a nuestra realidad actual”.
Finalmente, Pepe Guerola, de la firma Anro-Guerola, ha destacado “el valor de la industrialización para conseguir soluciones de calidad y reducir significativamente los plazos de construcción de viviendas y su puesta a disposición de la ciudadanía”.
