Liberadas 26 mujeres explotadas sexualmente por una red criminal con cuatro detenidos en València

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La operación se salda con 16 arrestos, la clausura de 11 prostíbulos y el ingreso en prisión provisional de la principal responsable

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han liberado a 26 mujeres presuntamente explotadas sexualmente por una organización criminal de origen chino que gestionaba prostíbulos en distintas provincias españolas. Además, la operación ha permitido detener a 16 personas, cuatro de ellas en València. Asimismo, se clausuraron 11 establecimientos.

Entre los arrestados se encuentra la considerada principal responsable del entramado, que ha ingresado en prisión provisional. Las demás detenciones se han practicado en Madrid, con cuatro arrestos; Zaragoza, con tres. Además, hubo dos detenciones en Barcelona y Tarragona en cada provincia y una en Figueres.

Las víctimas, de origen chino y latinoamericano, eran captadas mediante ofertas falsas de empleo difundidas en redes sociales y aplicaciones chinas de mensajería instantánea. Los anuncios les ofrecían trabajos como masajistas o estilistas, aunque, una vez en España, eran obligadas a ejercer la prostitución.

Captadas mediante falsas ofertas de trabajo

La investigación comenzó tras la localización en Zaragoza de un piso en el que varias mujeres de nacionalidad china ejercían la prostitución. Las pesquisas permitieron detectar una organización asentada en diferentes provincias y vinculada a numerosos prostíbulos.

Las mujeres se encontraban en situación de necesidad económica y, en algunos casos, residían de manera irregular en España. Según la investigación, desconocían la verdadera naturaleza de la actividad que iban a desarrollar cuando aceptaban las propuestas laborales.

La organización alojaba a las víctimas en los propios prostíbulos y las sometía a un régimen de disponibilidad permanente durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Además, debían realizar largas jornadas sin descanso y no podían rechazar a ningún cliente.

Además, permanecían vigiladas mediante cámaras de seguridad y eran obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio y, en ocasiones, sin preservativo.

Una deuda para controlar sus ganancias

Las víctimas tenían que entregar al entramado la totalidad del dinero obtenido. Solo comenzaban a recibir el 50 % de los beneficios una vez que la organización consideraba saldada la deuda que les había impuesto inicialmente.

Para facilitar la entrada en España de algunas de las mujeres, la red les proporcionaba documentación falsa. Una vez en el país, también les entregaba tarjetas de residencia y trabajo pertenecientes a otras mujeres en situación regular. Así ellas podían suplantar su identidad durante inspecciones o controles policiales.

Los investigadores sostienen que la organización gestionaba al menos 11 prostíbulos en Madrid, València, Tarragona, Barcelona y Zaragoza. Las mujeres eran trasladadas de manera constante entre los distintos establecimientos para aumentar los beneficios y dificultar su localización.

La red también creaba prostíbulos clandestinos desde cero. Para ello, alquilaba pisos o locales y captaba una red de clientes. Después, cuando el negocio ya estaba consolidado, lo traspasaba a otros gestores a cambio de elevadas cantidades de dinero.

Dinero, armas y documentación falsa

Durante los registros, los agentes han intervenido 35.000 euros en efectivo, varias armas prohibidas tipo katana, sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales. También incautaron 24 teléfonos móviles, dos pasaportes falsos y abundante documentación relacionada con la actividad investigada.

Las pesquisas también han revelado un presunto sistema destinado a ocultar y dispersar los beneficios obtenidos mediante la explotación sexual. Posteriormente, estos beneficios se introducían en el circuito económico legal.

En el marco de la investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales, la autoridad judicial ha acordado el embargo de cinco inmuebles valorados en más de 500.000 euros. Además, ordenó el embargo de dos vehículos y ocho cuentas bancarias.

La operación ha contado con la colaboración de la organización Our Rescue y se enmarca en el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.