Una jueza de Valencia ha encausado a 14 personas por presuntos sobrecostes y otras irregularidades en contratos de reforma y mantenimiento de instalaciones de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana. Las actuaciones investigadas se habrían producido entre 2018 y 2022.
Entre los encausados figura un teniente coronel que ejerció como interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica de la sexta zona de la Guardia Civil. También aparecen otro agente y varios empresarios.
La magistrada ha dictado un auto de procedimiento abreviado al apreciar indicios racionales de posibles delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal.
Esta resolución pone fin a la fase de instrucción. La jueza ha dado traslado del procedimiento a la Fiscalía y a las acusaciones personadas. Estas podrán pedir la apertura de juicio oral, solicitar el archivo de la causa o reclamar diligencias complementarias de forma excepcional.
La instructora también ha acordado el sobreseimiento provisional para otros dos investigados. El auto puede ser recurrido mediante reforma o apelación.
Sobrecostes de hasta el 200 %
La resolución sostiene que el principal investigado se habría aprovechado de su cargo y de la confianza de sus mandos para crear en beneficio propio una red de empresarios y sociedades. A través de ella habría podido manipular contratos de obra pública de la Guardia Civil.
Entre las presuntas irregularidades, la jueza señala el posible fraccionamiento de facturas para evitar controles administrativos. También recoge adjudicaciones reiteradas a sociedades vinculadas a un mismo empresario.
La investigación apunta además a la emisión de facturas con importes muy superiores al valor real de los trabajos. Algunas corresponderían incluso a actuaciones que no habrían llegado a ejecutarse.
Según los informes de la Agencia Valenciana Antifraude y de Asuntos Internos de la Guardia Civil, determinados sobrecostes habrían alcanzado alrededor del 200 %. El perjuicio total para las arcas públicas ascendería a decenas de miles de euros.
Obras privadas en una vivienda de Siete Aguas
El auto recoge indicios de una «supuesta red de corrupción sistémica» que habría estado liderada por el teniente coronel. Su finalidad habría sido incrementar su patrimonio inmobiliario en Siete Aguas.
La resolución señala que varios proveedores adjudicatarios de contratos públicos habrían ejecutado obras privadas en la vivienda del investigado. La magistrada también menciona una posible «opacidad financiera» en la compra de algunos inmuebles.
Parte de esas adquisiciones se habría pagado en efectivo, «sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen», según recoge el auto judicial.
