La Comunitat Valenciana se ha sumado este jueves al plante de los gobiernos autonómicos del PP y no ha participado en la Conferencia Sectorial de la Inmigración convocada por el Gobierno. La reunión debía analizar la regularización extraordinaria de migrantes y la aplicación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha justificado la ausencia por la falta de información facilitada a las comunidades. También ha reclamado financiación para afrontar el impacto del proceso en la sanidad, la vivienda, los servicios sociales y el empleo.
La conferencia, que iba a presidir la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no se ha celebrado por falta de cuórum. La mayoría de las autonomías gobernadas por el PP ha abandonado la convocatoria tras leer una declaración conjunta.
Los consejeros populares han acusado al Ejecutivo central de «deslealtad institucional» y han calificado la reunión de «simulación». A su juicio, el Ministerio no ha entregado la documentación solicitada ni ha detallado las consecuencias económicas que tendrá el proceso para las administraciones autonómicas y locales.
Tras el plante, Saiz se ha reunido con representantes de Canarias, Navarra, País Vasco, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha. El encuentro ha servido para abordar algunas de las cuestiones previstas en el orden del día.
Camarero acusa al Gobierno de actuar con opacidad
Camarero ha asegurado que la Comunitat Valenciana «no va a blanquear la política migratoria» del Gobierno. La vicepresidenta considera que el proceso se ha desarrollado de forma impositiva y sin coordinación con las administraciones responsables de buena parte de los servicios públicos.
«El Gobierno de España ha vaciado este órgano de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre administraciones», ha afirmado. También ha criticado que hayan transcurrido 15 meses desde la anterior conferencia sectorial.
Según la representante del Consell, el Ministerio no ha remitido la documentación que justificaría la aprobación del real decreto de regularización. Tampoco habría aportado un estudio de impacto económico ni un calendario para distribuir los fondos del denominado Plan de Integración.
La vicepresidenta sostiene que la medida no ordena los flujos migratorios ni planifica la inclusión social de quienes obtengan la autorización. Además, acusa al Ejecutivo de trasladar la presión asistencial a las comunidades autónomas.
Casi 1,2 millones de solicitudes en España
El plazo para participar en el proceso extraordinario acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 solicitudes presentadas en España. De ellas, unas 608.000 han sido admitidas a trámite, lo que concede a los solicitantes una autorización temporal inicial para residir y trabajar.
Sin embargo, las resoluciones favorables definitivas se sitúan por ahora en torno a las 12.000. Por tanto, la cifra total de solicitudes no equivale todavía al número de personas que han completado favorablemente todo el procedimiento.
Camarero ha señalado que 167.000 expedientes corresponden a personas vinculadas a la Comunitat Valenciana. La vicepresidenta ha presentado esa cifra como el 14 % del total nacional y ha situado a la autonomía como la tercera con mayor volumen, por detrás de Madrid y Cataluña.
La representante del Consell ha advertido de que esta situación puede generar un coste «inasumible» para los servicios públicos valencianos. Por ello, ha pedido al Gobierno que transfiera recursos para reforzar la atención sanitaria, los servicios sociales, el acceso a la vivienda y las políticas de empleo.
También ha criticado que Elma Saiz no se reuniera con la Generalitat durante su visita de este miércoles a la Comunitat Valenciana. Camarero considera que ese encuentro habría permitido compartir los datos y establecer un plan de trabajo coordinado.
La vicepresidenta ha defendido finalmente una política migratoria «ordenada, legal, vinculada al empleo y coordinada» con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el resto de administraciones.
