PP y Vox han acordado incluir la denominada ‘prioridad nacional’ en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat. Esta medida afectará a la Renta Valenciana de Inclusión, a la normativa de Servicios Sociales y a la función pública de la Comunitat Valenciana.
Ambos partidos han registrado este viernes en Les Corts Valencianas una treintena de enmiendas de aproximación a la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. Estas enmiendas se debatirán el próximo lunes en la comisión de presupuestos. Posteriormente, el pleno del 31 de julio tiene previsto aprobar de forma definitiva la norma.
El acuerdo llega después de que el pasado miércoles se hayan aprobado los presupuestos de la Generalitat de 2026. En esas cuentas, el PP ha aceptado ya enmiendas de Vox para introducir la ‘prioridad nacional’ en el acceso a determinadas ayudas sociales y en las medidas para facilitar el acceso a la vivienda.
Ahora, el pacto da un paso más e incorpora ese criterio de ‘prioridad nacional’ en varias leyes autonómicas de carácter social. El objetivo es que el principio no se limite a los presupuestos de un ejercicio. Por el contrario, quieren que quede reflejado en el marco legal general de la Comunitat Valenciana.
Cambios en la Renta Valenciana de Inclusión y en Servicios Sociales
Según las enmiendas acordadas, se modificarán la ley de la Renta Valenciana de Inclusión y la ley de Servicios Sociales. En ambas se introducirá que el acceso a las prestaciones ‘se inspirará en el principio de prioridad nacional, procurando la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana. Además, el objetivo es asegurar la vinculación efectiva y estable del solicitante con el territorio’.
En estas normas se prevé que el Consell apruebe ‘las disposiciones reglamentarias’ que desarrollen las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas ‘inspiradas en el principio de prioridad nacional’. Asimismo, estas disposiciones deberán fijar ‘un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio’.
Además, el texto pactado contempla ‘la exclusión del acceso a prestaciones estructurales para personas en situación administrativa irregular, salvo urgencia vital’. De este modo, se dibuja un filtro más estricto para las ayudas de carácter estable, aunque se mantiene la atención en casos de necesidad vital.
Las enmiendas detallan también cómo se acreditará la residencia habitual para acceder a estas prestaciones. Se considerará cumplido este requisito cuando conste empadronamiento en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana un mínimo de tres años continuados inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.
Como alternativa, también se dará por válida una residencia de diez años dentro de los treinta inmediatamente anteriores, de manera continuada o interrumpida. Esta condición amplía el criterio temporal, pero exige igualmente una vinculación prolongada con el territorio valenciano.
Limitaciones en la función pública
Otro de los acuerdos entre PP y Vox en la ley de acompañamiento afecta a la función pública valenciana. Las enmiendas plantean modificar la ley de Función pública para introducir nuevas obligaciones para el personal funcionario en el ejercicio de sus tareas.
En concreto, se establece la obligación de que el personal funcionario preste sus servicios y desempeñe sus funciones ‘manteniendo el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro’.
Esta modificación se aplicará a todo el personal funcionario, tanto en tareas internas como en la atención al público. Con ello, PP y Vox han querido vincular también la imagen externa de la Administración al paquete de cambios introducidos mediante la ley de acompañamiento.
En conjunto, estas enmiendas refuerzan la presencia del criterio de ‘prioridad nacional’ en el sistema de protección social valenciano y en la organización de la función pública. Adicionalmente, quedarán definidas con mayor detalle en los desarrollos reglamentarios que apruebe el Consell una vez la ley de acompañamiento quede validada por Les Corts.
