La Policía Nacional ha detenido a trece personas e investiga a otras cuatro por un fraude de al menos 11,9 millones de euros en IVA en el sector de las bebidas alcohólicas. La operación, desarrollada junto a la Agencia Tributaria en Sevilla, Córdoba, Badajoz y Valencia, ha desarticulado una organización criminal que habría operado entre 2018 y 2025 mediante un entramado de sociedades instrumentales.
Un juzgado de Morón de la Frontera ha dirigido la investigación y ha coordinado las distintas fases de la operación, denominada Drink/Alambique. La primera fase de explotación se ha desarrollado el pasado 14 de julio, cuando se han practicado diez registros en inmuebles del municipio sevillano de La Puebla de Cazalla y en distintas localidades de las provincias de Córdoba, Badajoz y Valencia.
Según han informado la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, el fraude en las cuotas de IVA durante el periodo fiscal investigado se estima en 11,9 millones de euros. No obstante, las autoridades han advertido de que esta cifra podría aumentar a medida que se analicen todas las pruebas intervenidas durante los registros.
Blanqueo de capitales y entramado empresarial
Además del fraude en el IVA, la organización también se habría dedicado al blanqueo de capitales. Los investigadores han detectado un entramado empresarial compuesto por más de 30 sociedades, cada una ‘con un rol específico dentro de la organización’.
Este conjunto de empresas habría funcionado como una estructura paralela destinada a canalizar fondos de origen delictivo. Para ello, la red habría utilizado distintas mercantiles para comprar, mover y vender grandes volúmenes de bebidas alcohólicas, lo que dificultaba el seguimiento fiscal de las operaciones.
Tras el análisis de 173 cuentas bancarias vinculadas a la organización y de la documentación intervenida en los registros, los agentes han confirmado movimientos significativos de alcohol entre varios países de la Unión Europea. En particular, se han detectado envíos desde depósitos fiscales de Países Bajos y Portugal hacia varios depósitos fiscales situados en territorio español.
El papel de las empresas introductoras y distribuidoras
La mercancía adquirida en otros Estados miembros era enviada por las denominadas empresas introductoras. Estas sociedades operaban en régimen suspensivo de IVA e Impuesto Especial sobre la Electricidad, lo que permitía aplazar el pago de estos tributos mientras el producto permanecía en los depósitos fiscales.
Una vez dentro del depósito fiscal en España, las bebidas alcohólicas pasaban por varias transmisiones internas a nombre de sociedades instrumentales creadas por la propia red. Después, la mercancía era extraída con destino a empresas distribuidoras controladas igualmente por la organización.
Según señalan los investigadores, estas distribuidoras habrían ofrecido los productos a precios notablemente más bajos que los del mercado legal. De este modo, la trama habría ‘generado una competencia desleal en el sector‘, al vender bebidas alcohólicas sin repercutir correctamente el IVA o sin ingresarlo a la Hacienda pública.
Para extraer la mercancía de los depósitos fiscales, la organización se habría servido también de sociedades que no ingresaban las cuotas de IVA correspondientes. Así, el impuesto se repercutía en las facturas pero nunca llegaba a las arcas públicas, lo que incrementaba el beneficio ilícito de la red.
En una segunda fase de explotación de la operación, los investigadores han realizado inspecciones en naves de empresas relacionadas con la organización criminal. El objetivo ha sido localizar más documentación, comprobar el recorrido de la mercancía y consolidar las pruebas sobre el supuesto fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
La investigación sigue abierta y las autoridades continúan analizando la información intervenida. De ese análisis podría derivarse un aumento de la cifra total defraudada y la identificación de nuevas personas y sociedades implicadas en la trama.
