El PSPV-PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia contra la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, de Vox, por haber llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ‘capo de la mafia corrupta’ en una publicación en la red social X, un mensaje que los socialistas consideran constitutivo de un presunto delito de injurias con publicidad.
Según detalla el PSPV en un comunicado, la denuncia sostiene que las palabras de Massó podrían encajar en el delito de injurias previsto en los artículos 208 y 209 del Código Penal, al tratarse de expresiones que, a su juicio, atacan el honor y la dignidad de una persona concreta.
Los socialistas subrayan que estas manifestaciones se han difundido públicamente a través de redes sociales. Por tanto, entienden que existe publicidad suficiente para agravar la conducta y reclamar una respuesta penal.
El PSPV-PSOE recuerda además que Massó ocupa la Presidencia de Les Corts, la segunda autoridad institucional de la Comunitat Valenciana. Por ello advierte de que, en palabras del partido, ‘no se puede normalizar que quien ostenta la segunda autoridad institucional de la Comunitat Valenciana utilice el insulto y la descalificación como forma de hacer política’.
Crítica a la estrategia de Vox
En la misma línea, los socialistas valencianos lamentan que Vox ‘haya convertido el insulto permanente al presidente del Gobierno en una estrategia política’. Consideran especialmente grave esta actitud cuando la protagoniza la presidenta de Les Corts, ‘una institución que representa a todos los valencianos y valencianas y que debería ser ejemplo de respeto institucional’.
Para el PSPV-PSOE, las instituciones están ‘para dignificarlas, no para degradarlas con ataques personales impropios de quien ejerce una de las más altas responsabilidades públicas de la Comunitat Valenciana’. Insiste en que este tipo de mensajes dañan la imagen de la propia cámara autonómica y erosionan la confianza ciudadana.
El partido defiende, finalmente, que la libertad de expresión ‘no ampara el insulto ni las expresiones que puedan constituir un atentado contra el honor de las personas’. A su juicio, existe una línea clara entre la crítica política, que consideran legítima, y los ataques personales, que entienden que deben tener consecuencias jurídicas cuando sobrepasan los límites fijados por la ley.
