La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado el recurso presentado por la concejala de Vox en València Cecilia Herrero contra su procesamiento por un presunto delito de odio. Con esta decisión, .
Los magistrados concluyen que hay indicios racionales de criminalidad atribuibles a la edil y, con el apoyo expreso del fiscal, desestiman su impugnación. Este paso procesal acerca la causa a la apertura de juicio oral, en el que se determinará si los mensajes difundidos vulneran la normativa penal sobre delitos de odio.
El pasado mes de enero se hizo público que la Fiscalía Provincial solicitará una pena de 3 años de prisión para Herrero. La acusación se basa en la difusión reiterada, durante varios años, de mensajes dirigidos contra personas migrantes, el colectivo LGTBI y personas con discapacidad a través de la red social Twitter, actualmente denominada X, en el periodo comprendido entre 2020 y 2024.
Según el relato del ministerio público, estos mensajes se habrían difundido de forma continuada durante al menos cuatro años y desde varias cuentas abiertas al público, sin restricciones de acceso. Ese carácter público y sostenido en el tiempo es uno de los elementos que la Fiscalía considera especialmente relevantes, al entender que amplifica el impacto de los contenidos y su capacidad de generar rechazo social hacia determinados grupos.
Denuncia de Compromís y adhesión del PSPV
Los hechos fueron denunciados inicialmente por Compromís en abril de 2024. Posteriormente, el PSPV se sumó a la acción aportando más mensajes a la Fiscalía, lo que amplió el material analizado por el ministerio público. Con estas aportaciones, la acusación sostiene que se configuró un patrón de conducta reiterada, no hechos aislados.
La Fiscalía sostiene que Herrero habría utilizado sus perfiles en redes para propagar rechazo, desprecio, hostilidad y animadversión hacia varios colectivos protegidos. En su escrito se señala que se trataría de mensajes con expresiones vejatorias, deshumanizadoras y estigmatizadoras contra personas migrantes, en especial de origen magrebí o musulmán, así como contra personas LGTBI, racializadas y con discapacidad.
Por ello, atribuye a la procesada la presunta autoría de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, tipificado en el artículo 510 del Código Penal. Este precepto castiga la incitación al odio y la hostilidad contra grupos por razones como el origen, la religión, la orientación sexual o la discapacidad. De forma alternativa, la Fiscalía plantea también una calificación menos grave dentro del mismo artículo, en concreto el apartado 510.2.
En consecuencia, la primera petición de pena es de 3 años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros. De forma subsidiaria, en caso de que el tribunal se incline por la calificación menos grave, se solicita una condena de un año y dos meses de prisión y una multa de ocho meses. En ambos escenarios, la acusación reclama además la inhabilitación para empleo o cargo público durante el mismo tiempo que dure la pena privativa de libertad.
El escrito detalla que la acusada gestionaba cuentas en redes con miles de seguidores, configuradas sin restricciones y accesibles para cualquier usuario. Desde esos perfiles se habrían difundido de forma masiva e indiscriminada mensajes dirigidos a estigmatizar a personas migrantes y a otros colectivos protegidos, de manera que la Fiscalía aprecia una voluntad de alcanzar a un público amplio.
Entre los ejemplos recogidos en la acusación se incluyen respuestas a publicaciones de medios de comunicación y de otros usuarios en las que se emplean términos despectivos hacia personas migrantes. En esos mensajes se reclama su expulsión del país, se cuestiona la identidad de menores extranjeros no acompañados y se vierten comentarios humillantes sobre personas LGTBI y con discapacidad, configurando un conjunto de expresiones que el ministerio público encuadra en el tipo penal de odio.
La acusación subraya la reiteración de estas expresiones durante años y su carácter público, lo que, a su juicio, aumenta el potencial de estos mensajes para alimentar prejuicios y reforzar estereotipos negativos contra los colectivos señalados.
Reacción política del PSPV en el Ayuntamiento de València
Tras conocerse que se mantiene el procesamiento de Herrero, el portavoz del PSPV-PSOE en el consistorio, Borja Sanjuan, se ha dirigido públicamente a la alcaldesa, Maria José Catalá. Sanjuan ha afirmado que no hace falta esperar a una sentencia para considerar que el racismo es incompatible con formar parte del Gobierno municipal.
El dirigente socialista ha insistido en que, a su juicio, la principal responsabilidad política recae sobre la alcaldesa, a la que reprocha haber decidido mantener en el Ejecutivo local a una concejala que, según sostiene, ha realizado acusaciones muy graves contra la población migrante.
Sanjuan ha añadido que, ahora que Herrero está próxima a sentarse en el banquillo, considera indefendible que continúe gestionando recursos públicos. Por este motivo, ha reclamado a la alcaldesa que deje de mirar hacia otro lado y actúe de manera inmediata para apartarla del Gobierno municipal mientras se resuelve la causa penal.
