La Generalitat ha adjudicado en el último año 224 viviendas de su parque público a familias vulnerables de distintos municipios de la Comunitat Valenciana, la mayoría en la provincia de Valencia, con un dispositivo de acompañamiento social para asegurar su integración y estabilidad.
De las 224 viviendas asignadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), 143 se han destinado a familias de la provincia de Valencia, 60 a la de Alicante y 21 a la de Castellón, según datos de la propia Generalitat.
Entre los colectivos preferentes a los que se les han adjudicado estos pisos públicos figuran unidades de convivencia formadas por jóvenes, personas mayores de 60 años, familias con menores a su cargo, víctimas de violencia de género, familias monoparentales, familias numerosas y personas con discapacidad.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha subrayado que una de las prioridades del Consell ha sido garantizar un hogar adecuado a los colectivos más vulnerables. En sus palabras, ‘cuando adjudicamos una vivienda, no solo estamos entregando unas llaves, sino que estamos abriendo las puertas a una vida con mayor estabilidad y seguridad’.
Acompañamiento social desde el primer día
Fernández ha destacado el papel del Servicio de Acompañamiento Social que la EVHA mantiene activo en los grupos de vivienda pública. Este recurso, financiado por el Fondo Social Europeo, tiene como objetivo asegurar que las familias en situación de vulnerabilidad logren una integración real, estable y duradera tanto en la nueva vivienda como en su entorno vecinal.
El equipo de acompañamiento social interviene desde el primer momento. En una primera fase, ayuda a los nuevos adjudicatarios en todos los trámites necesarios para formalizar el contrato de alquiler y gestionar los servicios básicos del hogar. Entre estas gestiones se incluye el alta de los suministros de agua, luz y gas, así como la solicitud de los distintos bonos sociales disponibles.
Además, estos profesionales realizan un seguimiento personalizado para garantizar la viabilidad económica del alquiler a medio y largo plazo. Para ello, diseñan planes de pago adaptados a cada unidad de convivencia y tramitan bonificaciones de renta que reduzcan la cuota mensual y eviten el endeudamiento de los hogares.
El servicio también actúa sobre la convivencia en las fincas. Ofrece mediación vecinal en caso de conflictos, ayuda a organizar las comunidades de propietarios y analiza la situación de cada familia para detectar posibles necesidades educativas, sanitarias o derivadas de situaciones de especial vulnerabilidad.
Papel clave de los servicios sociales municipales
En los procesos de adjudicación de las viviendas públicas, los servicios sociales municipales tienen un papel determinante. Son estos equipos locales los que evalúan la situación de las familias candidatas y elaboran los informes sociales que acreditan su realidad socioeconómica.
Estos informes permiten priorizar a quienes presentan mayores dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre, como hogares con ingresos muy bajos, personas en riesgo de exclusión o con cargas familiares significativas.
El secretario autonómico ha puesto en valor esta colaboración con los ayuntamientos y ha señalado que se trata de una fórmula que, en sus palabras, ‘da frutos muy positivos’ y demuestra que ‘la suma de esfuerzos entre administraciones es la clave para dar respuestas reales a las necesidades de vivienda‘.
Antes de adjudicar una vivienda, la Generalitat inspecciona cada inmueble y acomete las reparaciones necesarias. El objetivo es que los pisos se entreguen en condiciones óptimas y con unas garantías mínimas de dignidad y habitabilidad para las familias que van a residir en ellos.
