Joan Baldoví ha reclamado este lunes acelerar un acuerdo para articular una candidatura electoral única a la izquierda del PSPV-PSOE en la Comunitat Valenciana, con la idea de concentrar el voto progresista y facilitar un cambio de gobierno frente al actual ejecutivo del PP y Vox.
El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes ha defendido ante los medios, en el inicio del nuevo curso político, que el actual escenario es ya claramente de cuatro fuerzas principales. En su opinión, el panorama se resume en PP, PSPV-PSOE, Compromís y Vox, y por eso considera que en las próximas autonómicas el objetivo debe ser que el día de la votación haya solo cuatro papeletas.
Baldoví ha insistido en que es necesario llegar a un acuerdo en el espacio situado a la izquierda del PSPV-PSOE. Según ha explicado, busca así ‘maximizar y optimizar todos los votos‘ y evitar que la dispersión del sufragio progressive pueda facilitar una nueva mayoría del bloque de derechas en la Generalitat.
Prioridad: construir alternativa al gobierno de PP y Vox
El síndic de Compromís ha señalado que su grupo se ha marcado como ejes del nuevo curso seguir combatiendo lo que ha calificado de ‘desgobierno de la vergüenza’ del PP y Vox, y trabajar para construir una alternativa que permita volver a gobernar en la Comunitat Valenciana.
Baldoví ha asegurado que Compromís quiere ‘devolver la dignidad’ a la autonomía, y ha recordado que el curso pasado, a su juicio, se ha caracterizado por recortes en educación, sanidad y emergencias. Ha acusado además al PP y a Vox de haber protegido al expresident de la Generalitat Carlos Mazón y de haber roto ‘consensos básicos’ en Les Corts.
Como línea de acción jurídica, ha avanzado que el grupo va a promover un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2026. Compromís considera que ese texto va ‘en contra de los derechos constitucionales’ de la ciudadanía valenciana y, por ello, el primer paso será remitirlo al Defensor del Pueblo para que estudie su contenido.
Baldoví ha detallado que la norma incluye medidas como la denominada ‘policía educativa’ que, según ha denunciado, se pretende ‘instaurar en las aulas’. También ha criticado lo que interpreta como ‘desprotección de la infancia’ y un ‘ataque’ a los derechos del colectivo LGTBI. Por este motivo, ha anunciado que denunciarán ante el Defensor del Pueblo estos ‘ataques a derechos básicos de valencianos y valencianas’.
Más recursos para emergencias e incendios
En materia de protección civil, el síndic ha defendido la creación de una Unidad Valenciana de Emergencias específica para afrontar con más medios los incendios y otros episodios de riesgo. Ha argumentado que el actual Consell ha reducido los recursos para la prevención y extinción de incendios forestales, lo que, a su entender, deja a la Comunitat en una posición más vulnerable.
Como ejemplo, ha citado el incendio forestal de El Saler, en València, que ha obligado a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A su juicio, este tipo de situaciones evidencian ‘la necesidad de un nuevo modelo’ de emergencias que refuerce la capacidad propia de respuesta en el territorio valenciano.
Baldoví ha vinculado esta propuesta a la defensa de un servicio público de emergencias estable, profesionalizado y con financiación suficiente. Ha subrayado que, en un contexto de veranos cada vez más secos y calurosos, recortar en prevención supone asumir un riesgo añadido para el territorio, los municipios y la población.
Críticas al precio de la vivienda protegida
El síndic de Compromís ha cargado también contra la política de vivienda del Consell, en especial contra la evolución del precio de la vivienda de protección oficial en la Comunitat Valenciana. Ha denunciado que el precio máximo se sitúa ahora en 2.600 euros el metro cuadrado, después de una subida del 7 %.
Según Baldoví, este incremento contradice la función social de la vivienda protegida. Ha recalcado que estas viviendas ‘tienen que ir a quienes las necesitan‘, y ha puesto como ejemplo lo ocurrido en Alicante para advertir de que, si no se controla bien el sistema, la VPO puede acabar en manos de perfiles que no responden al objetivo inicial.
Por ello, ha defendido que las viviendas de protección oficial se adjudiquen por sorteo transparente y mantengan siempre su condición de VPO, evitando operaciones especulativas posteriores. A su juicio, esta es una herramienta clave para garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos con menores recursos económicos en ciudades como València y el resto de la Comunitat.
En conjunto, Baldoví ha enmarcado todas estas propuestas en una misma estrategia: consolidar un bloque progresista fuerte, con una oferta electoral simplificada a la izquierda del PSPV-PSOE, y confrontar las políticas de PP y Vox en ámbitos como los derechos sociales, la educación, las emergencias y la vivienda protegida.
