La defensa de la exconsellera Salomé Pradas, investigada por la gestión de la DANA, ha considerado prematuro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya avalado el archivo de las tres quejas presentadas contra la jueza de Catarroja que instruye la causa, y ha anunciado que presentará recurso contra esa decisión.
Según ha informado el propio órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente del CGPJ ha respaldado por unanimidad el cierre de las quejas formuladas contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Esas quejas procedían de la defensa de Pradas, de la del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, también investigado en la causa, y del letrado Rubén Gisbert, que denunciaron supuestas injerencias del marido de la jueza en las diligencias.
Recurso contra un archivo que ven precipitado
En un comunicado, la defensa de Pradas ha explicado que todavía no ha recibido la notificación oficial de la resolución del CGPJ. No obstante, ha afirmado que, a la vista de la información difundida, entiende que ‘salta a la vista que se trata de un archivo precipitado y prematuro‘.
Los abogados de la exconsellera han subrayado que, ‘si bien por el CGPJ no se niega la intervención del magistrado marido de la Jueza, no puede tampoco descartarla sin haber tomado declaración a las víctimas que afirman de manera pública y contundente que sí que intervino y les tomó declaración’. Consideran por tanto que el órgano disciplinario ha cerrado el expediente sin agotar las posibilidades de investigación.
En esa misma línea, la defensa ha señalado que, ‘si el CGPJ pone en duda la grabación subrrepticia de las propias víctimas, nada mejor que llamarlas para que la corroborren, lo que no se ha hecho ni parece que se quiera hacer, y ello pese a que la instrucción del expediente ha durado más de un año‘. Para los letrados, escuchar a esas personas resultaba clave para confirmar o descartar la veracidad de los audios.
Los representantes legales de Pradas han insistido en que las grabaciones ‘no son el único elemento de prueba‘ aportado. Han recordado que, en distintos escritos, han pedido que se tome declaración tanto a las supuestas víctimas como al letrado ‘que han manifestado públicamente que otro magistrado, marido de la jueza, intervino en diligencias judiciales’. A su entender, esas comparecencias permitirían aclarar si hubo o no una actuación irregular.
Sin embargo, la defensa ha asegurado que, ‘hasta donde sabemos (dado que el expediente es reservado), no se ha practicado la diligencia de prueba dirigida a tomar declaración a estas personas, a fin de investigar los hechos denunciados, y que de ser acreditados y verificados, supondrían una grave vulneración del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley, a la independencia judicial y al derecho de defensa’. Con esta afirmación, los letrados vinculan directamente las supuestas injerencias con garantías básicas del proceso penal.
Ante esta situación, la defensa de Pradas ha avanzado que recurrirá el archivo de las quejas acordado por la Comisión Permanente del CGPJ. Ha añadido que agotará ‘todas las vías previstas en derecho en aras a defender y tratar de salvaguardar el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva’ de la exconsellera, lo que implica acudir a todas las instancias posibles en el ámbito disciplinario.
El procedimiento penal por la gestión de la DANA sigue en marcha en el juzgado de Catarroja, con Pradas y Argüeso en calidad de investigados. El recurso anunciado se centrará en la vertiente disciplinaria y en la actuación de la jueza instructora y de su entorno, sin detener el curso de la causa principal, pero con potencial impacto sobre su desarrollo si se llegaran a acreditar las irregularidades denunciadas por las defensas.
