La defensa de la exconsellera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia para que se incorporen a la causa los mensajes de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. El recurso se dirige contra la decisión de la jueza instructora, que ha rechazado solicitar a Bernabé que entregase de forma voluntaria esas comunicaciones.
El escrito de la representación legal de Pradas recuerda que ya ha formalizado esta petición el 10 de julio. En aquella fecha pidió que Bernabé aportase voluntariamente todas las comunicaciones mantenidas el 29 de octubre de 2024 en relación con la emergencia. Incluyó tanto los mensajes cruzados con Miguel Polo, presidente de la CHJ, como los intercambiados con cualquier otro responsable de administraciones, organismos o instituciones públicas.
La solicitud inicial subrayaba de forma específica el interés en los mensajes sobre la evolución de la situación en el barranco del Poyo. Reclamaba su entrega con independencia del medio empleado, ya fuese teléfono móvil u otro canal telemático, para asegurar que quedase constancia completa de los contactos de aquella jornada de DANA.
Argumentos de la defensa
En el recurso, la defensa de Pradas sostiene que la fase de instrucción es una ‘fase dinámica’. Alega que, aunque no se pidieron estos mensajes cuando Bernabé declaró como testigo, ‘la necesidad de practicar una diligencia puede surgir del curso de la investigación’. Por ello entiende que ‘no se puede justificar su denegación sobre la base de una extemporaneidad inexistente’.
Los abogados de la exconsellera insisten en que la negativa previa de Bernabé a entregar más documentación ha sido limitada. Recuerdan que la delegada del Gobierno ‘ya rechazó aportar voluntariamente su listado de llamadas durante su declaración testifical el 14 de abril de 2025’. Sin embargo, subrayan que ese rechazo ‘se circunscribió únicamente al listado de llamadas telefónicas’ y que ‘lo que pide esta parte es sustancialmente diferente y más amplio’.
La parte recurrente recalca que ahora no solo reclama registros de llamadas. Pide todos los mensajes y comunicaciones sobre la emergencia del 29 de octubre de 2024, con especial atención a los relativos al barranco del Poyo. Considera que estos contenidos pueden aclarar qué información manejaron las distintas autoridades durante la crisis.
Los letrados de Pradas alegan además una posible vulneración del principio de ‘igualdad de armas’. Señalan que no pretenden equiparar la posición procesal de Bernabé con la de los investigados. No obstante, consideran que ‘la denegación resulta difícilmente justificable cuando se han venido requiriendo comunicaciones a personas con un papel sustancialmente menos relevante en la emergencia del 29 de octubre de 2024 que la delegada del Gobierno’.
Para la defensa, este trato diferenciado puede afectar al equilibrio entre las partes en la causa. A su juicio, si el juzgado ha exigido comunicaciones a otros cargos de menor peso en la gestión de la DANA, deberían tener acceso también a los mensajes de la principal representante del Gobierno central en la Comunitat Valenciana.
Información clave para depurar responsabilidades
El recurso subraya que resulta ‘absolutamente imprescindible’ conocer ‘qué información llegó al Cecopi‘. Según la defensa, esos datos son necesarios ‘para esclarecer cuándo, cómo y quién pudo actuar’. A partir de ahí, se podría ‘constatar la responsabilidad de Pradas o, como venimos a interesar en aras de su derecho de defensa, la ausencia de la misma’.
Los abogados de la exconsellera vinculan así la obtención de los mensajes de Bernabé con el derecho de defensa de su clienta. Entienden que, sin esos contenidos, el juzgado podría no disponer de una visión completa de la cadena de decisiones. En especial, sobre las comunicaciones entre la delegada del Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Cecopi durante el episodio de lluvias extremas.
La Audiencia deberá resolver ahora si estima el recurso de apelación de Pradas. En caso de aceptarlo, la jueza instructora tendría que pedir a Pilar Bernabé que entregue voluntariamente los mensajes y comunicaciones sobre la DANA del 29 de octubre de 2024, incluidos los relativos al barranco del Poyo.
