AVA-ASAJA ha presentado alegaciones al proyecto de real decreto con el que el Gobierno pretende reforzar la gestión del riesgo de inundaciones. La organización agraria reclama que las infraestructuras hidráulicas tengan un papel prioritario para reducir el impacto de las riadas y proteger a la población, las explotaciones y el territorio.
El texto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica plantea reforzar las limitaciones de usos en zonas inundables, adaptar la planificación urbanística al riesgo y promover programas municipales de prevención. La propuesta también endurece determinadas condiciones para nuevas actuaciones en zonas de flujo preferente.
AVA-ASAJA considera que estas medidas deben complementarse con la planificación, construcción y mantenimiento de infraestructuras capaces de regular o desviar grandes avenidas de agua. La asociación pide incluir expresamente actuaciones de almacenamiento, laminación, regulación e interconexión de cauces entre las herramientas para reducir los daños.
La presa de Forata como ejemplo
La organización agraria pone como referencia la presa de Forata durante la DANA del 29 de octubre de 2024. Un informe encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica concluye que el caudal punta de entrada al embalse superó los 2.016 metros cúbicos por segundo, mientras que la salida alcanzó los 1.092 metros cúbicos por segundo.
El mismo análisis estima que la existencia de la presa evitó 1.682 millones de euros en daños económicos aguas abajo y permitió proteger a unas 5.638 personas frente al escenario hipotético en el que Forata no hubiera existido.
AVA-ASAJA sostiene que estos datos ponen de manifiesto la capacidad de determinadas infraestructuras hidráulicas para reducir los caudales punta, retrasar la propagación de las avenidas y limitar su capacidad destructiva durante episodios extraordinarios.
La asociación también reclama cambios en las limitaciones previstas para las explotaciones situadas en zonas de flujo preferente. En concreto, pide que las restricciones no impidan reparar, rehabilitar, reconstruir o sustituir instalaciones agrícolas y ganaderas que ya existían legalmente antes de sufrir daños por una inundación u otro fenómeno meteorológico extraordinario.
La entidad considera que los agricultores y ganaderos deben poder recuperar su actividad tras una catástrofe sin que la nueva normativa impida reconstruir instalaciones preexistentes por un aumento de ocupación o volumen derivado de las propias obras de recuperación.
Además, AVA-ASAJA reclama un mecanismo de compensación para los propietarios que pierdan definitivamente parte de sus parcelas por cambios en los cauces provocados por grandes riadas. La organización plantea que, cuando esos terrenos privados pasen a formar parte del Dominio Público Hidráulico y resulte inviable devolverlos a su situación anterior, sus titulares reciban una compensación económica.
La propuesta de la entidad pasa por aplicar un procedimiento de expropiación por parte del organismo de cuenca competente y calcular la indemnización tomando como referencia el valor de los terrenos antes de producirse la inundación.
