La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha defendido que la inspección educativa en la Comunitat Valenciana es y seguirá siendo neutral, ha asumido que los resultados del Informe PISA han sido malos para el alumnado valenciano y se ha mostrado dispuesta a impulsar un pacto educativo estable que dure más de una legislatura, con el objetivo de mejorar el sistema y, en sus palabras, ‘pactar por el bien de los alumnos’.
Ortí ha comparecido en la comisión de Educación de Les Corts para informar sobre la situación del sistema educativo valenciano y el desarrollo del inicio del curso escolar. Ha insistido en que la escuela valenciana ‘no debería ser un campo de batalla’ y ha recalcado que la Conselleria no retirará el recurso presentado ante el Tribunal Supremo relacionado con el Plan Edificant.
La oposición ha exigido su dimisión. Le ha acusado de la ‘degradación’ de la educación pública, del ‘bloqueo’ de infraestructuras educativas y de impulsar una ‘policía educativa para perseguir’ a los docentes, que mantienen sus protestas. Vox ha señalado que la consellera tiene ‘notable margen de mejora’, mientras que el PP le ha pedido que continúe con la línea actual.
La titular de Educación ha respondido que forma parte del trabajo de la oposición pedir la dimisión de consellers. Ha añadido que su obligación es ‘no perder un minuto’ en esa cuestión, porque será la ciudadanía quien valore la gestión de cada responsable político en las urnas. Ha asegurado además que comparte buena parte de las reivindicaciones del profesorado y ha reiterado su intención de seguir buscando acuerdos ‘en tantos puntos como se pueda’.
Inspección, PISA e infraestructuras
Respecto a la modificación de la normativa sobre la inspección educativa aprobada este verano en la ley de acompañamiento a los presupuestos, Ortí ha explicado que se ha ‘reforzado’ su papel. Ha recalcado que no se convierte a la inspección en algo ‘distinto a lo que siempre ha sido’ ni se utilizará para ‘perseguir a nadie’. En su opinión, ‘dar a un cuerpo de funcionarios las herramientas para hacer bien su trabajo no puede ser un problema’.
Sobre el Informe PISA, que ha situado a la Comunitat Valenciana con los peores resultados, Ortí ha responsabilizado a la ley orgánica impulsada por Pedro Sánchez y aprobada ‘sin consenso’. Ha añadido que ‘si el PSOE puso los fundamentos, el Botànic cavó el agujero’, aludiendo a la eliminación de horas de matemáticas y lengua o a lo que ha calificado de ‘imposiciones’ a las familias.
La consellera ha subrayado que ‘a un informe así se le responde con horas de lectura, con horas de cálculo y con años de constancia’ y, sobre todo, ‘dejando de cambiar las reglas de juego cada cinco años’. Ha defendido que ‘la cultura del esfuerzo no puede ser historia’ y ha planteado que los cambios normativos frecuentes han perjudicado la estabilidad del sistema educativo.
En materia de infraestructuras, Ortí ha asegurado que la Conselleria continúa trabajando para superar ‘las deficiencias heredadas‘ del anterior Consell. Ha acusado al gobierno previo de haber concedido delegaciones de competencias ‘imposibles de llevar a cabo’ dentro del Plan Edificant. Según ha indicado, el actual Ejecutivo ha aumentado las dotaciones presupuestarias y ha introducido cambios para facilitar que las obras firmadas se puedan ejecutar.
Ha precisado que el recurso ante el Tribunal Supremo no se dirige ‘contra una sola obra’ educativa concreta, sino contra el acto de delegación de competencias aprobado por el anterior Consell cuando ya había perdido las elecciones y que comprometía 65 millones de euros. Ha criticado que la oposición considere que recurrir al Supremo es ‘un exceso’ cuando lo hace la Generalitat, pero ‘un derecho’ cuando lo hacen ellos.
Ortí ha reivindicado también las actuaciones realizadas para mejorar el confort térmico en colegios e institutos. Ha asegurado que se trataba de ‘una de las cuestiones con más dejadez’ detectadas en 2023. Sin embargo, ha advertido de que no se puede resolver ‘en un curso lo que dejó de hacerse durante veinte años’, en referencia al tiempo en el que, a su juicio, no se abordaron esas necesidades.
Las críticas de la oposición
Desde la oposición, el diputado socialista José Luis Lorenz ha asegurado que el modelo educativo del actual Consell se basa en ‘deteriorar lo público’ para que, posteriormente, la enseñanza privada ocupe su lugar. Ha afirmado que existe ‘malestar con la policía ideológica‘ y ha sostenido que la educación ‘no necesita control ideológico’ ni ‘propaganda’, sino ‘ciencia y convivencia’.
El diputado de Compromís Gerard Fullana ha reclamado a la consellera que ‘deje de perseguir al profesorado‘. Ha considerado que los resultados de PISA exigen una ‘acción real para revertir’ la situación y no ‘tirar piedras y partidismos’. También ha denunciado el ‘bloqueo’ de infraestructuras vinculadas al Plan Edificant y el impulso de las horas de religión. Además, ha preguntado por el coste del viaje de Ortí a Shanghái.
La diputada de Vox Julia Llopis ha apuntado que ‘se ha avanzado mucho’ esta legislatura en materia de Educación, aunque ‘no lo suficiente’ y todavía existe un ‘notable margen de mejora’. Entre las medidas que ha defendido, ha mencionado eliminar los contenidos que considera de carácter ‘ideológico y doctrinal’ y suprimir los menús halal en los comedores escolares. Sobre este último punto, Ortí ha respondido que dichos menús cumplen con la legislación vigente.
La consellera ha explicado que viajó a China para apoyar ‘la formación pública de la Comunitat Valenciana’. Ha añadido: ‘Iré donde haga falta para poner a nuestros alumnos en lo más alto, a Shanghái o al Uruguay’. Con esta afirmación ha querido destacar, según ha señalado, que su prioridad es abrir oportunidades internacionales para el alumnado valenciano dentro de la enseñanza pública.
