La Generalitat ha anunciado una convocatoria de ayudas al alquiler social dotada con 60 millones de euros y un seguro gratuito para propietarios de viviendas vacías que las alquilen a precios asequibles en la Comunitat Valenciana. Este seguro, financiado por la Administración autonómica, garantizará el cobro del alquiler a los dueños que decidan sacar sus pisos al mercado.
Estas medidas se han presentado durante el debate sobre el estado de la Comunitat, donde el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que el problema de la vivienda no se puede abordar enfrentándose a los dueños de los inmuebles. Según ha afirmado, el reto habitacional se resuelve ‘no contra los propietarios, sino con ellos’.
Pérez Llorca ha citado el caso de Maricarmen, una anciana desahuciada, para criticar las políticas previas. Ha asegurado que este caso refleja ‘el fracaso de las políticas de la izquierda‘ y ha señalado que esta mujer es ‘víctima de la política del Pedro Sánchez y de Compromís’.
El president ha sostenido que ‘Maricarmen ha visto que en ocho años la izquierda la ha dejado peor de lo que estaba porque hoy paga la luz y el gas un 30 % más caros, le han subido los impuestos un 40 %, la cesta de la compra un 35 % y, encima, le han quitado su casa’. Ha utilizado este ejemplo para justificar un cambio en el enfoque de las políticas de vivienda y de protección social.
Medidas para activar vivienda vacía y facilitar el alquiler
Además de la ayuda directa al alquiler social, el Consell ha previsto subvenciones para rehabilitación y accesibilidad de viviendas, con el objetivo de mejorar el parque residencial existente. Estas ayudas se han planteado como un complemento al nuevo seguro público de cobro del alquiler y a un paquete de apoyo específico a las ‘víctimas de la okupación’.
Sobre el seguro dirigido a los propietarios de vivienda vacía, Pérez Llorca ha explicado que la iniciativa pretende sacar nuevas viviendas al mercado de alquiler. Ha detallado que es una medida ‘que respeta la propiedad, que no obliga a nadie, que reduce el miedo del propietario a poner su casa en alquiler, y crea una oportunidad para un inquilino‘.
El president también ha anunciado que se ha ampliado hasta los 50 años la edad máxima para poder acceder al aval del Institut Valencià de Finances (IVF) destinado a la compra de vivienda. Esta modificación busca incluir a más personas en el acceso a financiación avalada por la Generalitat, especialmente a quienes se han visto obligados a retrasar la compra de su primera vivienda.
Nuevas plazas residenciales y apoyo a personas mayores
En el ámbito de los servicios sociales, Pérez Llorca ha avanzado la creación de más de 2.000 plazas residenciales extraordinarias hasta el año 2030. Con esta ampliación, la red pública y concertada llegará a un total de 12.000 plazas para personas mayores y dependientes en la Comunitat Valenciana.
El plan incluye también el incremento de las plazas concertadas en residencias, que alcanzarán las 9.232. Este aumento pretende reducir las listas de espera y mejorar la atención a las personas que necesitan un recurso residencial, especialmente en una población cada vez más envejecida.
El president ha detallado que se pondrán en marcha unidades psicogeriátricas especializadas en residencias. Estas unidades estarán orientadas a personas mayores con enfermedades neurodegenerativas y buscarán una atención más específica y continuada para estos perfiles.
Pérez Llorca ha anunciado además una modificación normativa para considerar numerosas a las familias con dos hijos. Según ha señalado, esta medida afectará a unas 260.000 familias en la Comunitat Valenciana, que pasarán a poder acceder a las ventajas y ayudas reservadas a los hogares numerosos.
Dos nuevas leyes sociales y nueva Renta Valenciana de Inclusión
Dentro del paquete de acciones sociales, el president ha avanzado dos nuevas leyes autonómicas. La primera será una ley contra la soledad no deseada, orientada a mejorar la prevención y la atención a las personas mayores que viven solas o en situación de aislamiento social.
La segunda norma será una ley valenciana de Conciliación y corresponsabilidad. Esta ley incluirá medidas de flexibilidad laboral, impulso del teletrabajo y cambios en la fiscalidad, con el objetivo de facilitar la compatibilidad entre la vida laboral y la familiar.
Por último, Pérez Llorca ha recordado que el 20 de octubre entrará en vigor la nueva Renta Valenciana de Inclusión. Esta prestación contará con un presupuesto de 228 millones de euros y está destinada a atender a más de 56.000 personas en situación de vulnerabilidad en la Comunitat Valenciana. Con esta actualización, el Consell pretende reforzar la red de protección económica básica para los hogares con menos recursos.
