La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que ha robado y estafado en aparcamientos de comercios de toda España, con especial actividad en localidades valencianas, mediante el método del cogotero o siembra. El cabecilla ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, y el grupo ha causado un perjuicio económico cercano a los 110.000 euros.
El método delictivo conocido como cogotero o siembra consiste en distraer a las víctimas cuando cargan o descargan su vehículo, generalmente en aparcamientos de grandes establecimientos comerciales. Mientras una persona llama la atención del afectado, otra sustrae bolsos, carteras y tarjetas bancarias del interior del coche. Después, las tarjetas se utilizan de inmediato para extraer dinero en cajeros y realizar compras y operaciones fraudulentas antes de que el titular pueda bloquearlas.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, la organización ha cometido al menos medio centenar de hechos delictivos en distintos puntos del territorio nacional. Cada actuación generaba un perjuicio económico directo a las víctimas, que se sumaba hasta alcanzar los aproximadamente 110.000 euros.
Los investigadores han explicado que la organización ha actuado de forma itinerante por varias provincias, aunque ha concentrado buena parte de su actividad en localidades de la provincia de Valencia. Esta movilidad ha dificultado la detección inicial del patrón delictivo, ya que los hechos parecían aislados hasta que se ha podido relacionar su modo de actuación.
Estructura criminal y base en Madrid
La investigación se ha iniciado a finales de 2025, tras detectarse varios robos y estafas con el mismo modus operandi en diferentes localidades. A partir de esos primeros casos, los agentes han acreditado la existencia de una estructura criminal estable y jerarquizada, con un claro reparto de tareas entre los integrantes.
Dentro del grupo, algunas personas se encargaban de seleccionar objetivos, observando a clientes que manipulaban dinero o tarjetas en los aparcamientos. Otros miembros se ocupaban de obtener identidades falsas y de alquilar los vehículos usados en los desplazamientos. Finalmente, un tercer núcleo ejecutaba materialmente los robos y las posteriores operaciones fraudulentas con las tarjetas sustraídas.
La organización utilizaba documentación falsa e identidades usurpadas para abrir cuentas bancarias y contratar servicios, lo que permitía ocultar su verdadera identidad. Además, empleaba vehículos de alquiler para moverse por todo el territorio nacional, cambiándolos con frecuencia para dificultar el seguimiento policial y evitar que se les relacionara con los hechos.
En un registro practicado en el domicilio que el grupo utilizaba como base logística, situado en Madrid, la Guardia Civil ha intervenido tres armas de fuego. También ha incautado diversa documentación y otros efectos de interés para la investigación, que ahora se analizan para vincularlos con los distintos hechos delictivos.
Como medida cautelar, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de 29 cuentas bancarias presuntamente utilizadas por la organización. Estas cuentas habrían servido para canalizar y ocultar los beneficios obtenidos de manera ilícita, fragmentando los ingresos para intentar evitar controles y alertas bancarias.
Los investigadores consideran acreditado que se trataba de una red criminal asentada sobre una estructura estable, con continuidad en el tiempo y orientada a obtener beneficios económicos de forma continuada. Para ello, habría recurrido de manera sistemática a delitos contra el patrimonio y al fraude bancario, aprovechando los datos y tarjetas robadas a las víctimas.
Fruto de las diligencias practicadas, el juzgado competente ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del principal objetivo de la operación, considerado el cabecilla de la organización. Esta medida responde a la gravedad de los hechos y al riesgo de fuga o de reiteración delictiva, dada la amplitud de la actividad investigada.
A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, usurpación de estado civil, apropiación indebida, hurto y estafa. Estas acusaciones reflejan tanto la planificación de los robos como el uso posterior de la documentación y de los medios obtenidos ilegalmente.
La investigación ha sido desarrollada por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Chiva, en la provincia de Valencia. Las diligencias se han puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena número 4, que continuará con la tramitación judicial del caso y la valoración de las pruebas aportadas.
