La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado a juzgar a un teniente general de la Guardia Civil acusado de recomendar a un amigo sin experiencia suficiente para ejecutar obras de mejora en las fachadas de varias comandancias, entre ellas las de Alicante y Castellón, por las que la Fiscalía ha solicitado un año de prisión por un presunto delito de cohecho.
Según el escrito del Ministerio Público, las obras se han ejecutado de forma considerada inadecuada. El contratista elegido, también acusado en la causa, supuestamente carecía de la técnica necesaria para la correcta aplicación del corcho proyectado utilizado en las fachadas.
El fiscal mantiene que, en base a las normas generales de Gestión Económica, el teniente general tenía la facultad de descentralizar crédito para atender gastos de la organización periférica de la Guardia Civil. Esa estructura incluye las distintas comandancias repartidas por el territorio.
La acusación sostiene que el mando habría aprovechado esa capacidad para, ‘con el ánimo de obtener un enriquecimiento injusto’, dirigirse en octubre y noviembre de 2016 a diversas comandancias. En esas comunicaciones, les habría ofrecido la descentralización de crédito a su favor para ejecutar obras de pintura y mejora en los cuarteles.
Al mismo tiempo, el teniente general habría propuesto como contratista a una persona de su confianza. Según la Fiscalía, se trataba de alguien que conocía personalmente y que estaba intentando introducir en el mercado un producto novedoso, el corcho proyectado, presentado como solución para los problemas de humedades en las fachadas.
A este planteamiento habrían dado su visto bueno las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, la zona de Murcia y la Jefatura de Asuntos Económicos. Todas ellas habrían aceptado tanto la descentralización del crédito como la designación del contratista señalado por el mando.
El otro acusado es el administrador de tres empresas que, entre noviembre y diciembre de 2016, facturaron servicios a las distintas comandancias por un importe conjunto de 1.382.873,52 euros. Estas facturas corresponden a los trabajos realizados con corcho proyectado en los edificios de la Guardia Civil.
Impacto en las comandancias y acusación de cohecho
La Fiscalía detalla que muchas de estas obras se han ejecutado de manera deficiente. Insiste en que el contratista carecía de la técnica adecuada para la colocación del corcho proyectado, lo que habría provocado un importante perjuicio económico y material a la Guardia Civil.
Por estos hechos, el Ministerio Público imputa a ambos acusados un delito de cohecho. En el caso del teniente general, considera que se ha valido de su posición y de las herramientas de gestión económica para beneficiar a un particular con el que mantenía una relación previa.
El procedimiento judicial busca aclarar si hubo una desviación deliberada de los recursos públicos y si la elección del contratista respondió a criterios personales y económicos, y no técnicos. La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid será clave para determinar posibles responsabilidades penales y la reparación de los daños causados en las comandancias afectadas, incluidas las de la Comunitat Valenciana.
