Un juzgado de València ha absuelto a los once activistas de Greenpeace acusados de desórdenes públicos por bloquear en 2021 la entrada de un buque gasero al Puerto de Sagunto, al no apreciar la magistrada actos de violencia o intimidación capaces de alterar gravemente la paz pública.
La resolución, dictada por la magistrada de la Plaza 8 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València, ha considerado que los hechos no encajan en el tipo penal de desórdenes públicos. El tribunal ha señalado que no se han producido ‘actos de violencia o intimidación idóneos para alterar gravemente la paz pública en los términos exigidos por el tipo penal’.
La sentencia ha indicado además que la actuación de los activistas se ha desarrollado en el marco de una protesta ecologista organizada y públicamente conocida. Según la resolución, la conducta se ha orientado a visibilizar una oposición al uso de combustibles fósiles, sin rebasar los límites penales previstos para este tipo de manifestaciones.
El fallo no es firme y puede ser recurrido en apelación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Las partes personadas podrán ahora estudiar el contenido de la sentencia y valorar si interponen recurso ante la instancia superior.
Un juicio de más de nueve horas
El juicio se celebró el pasado 23 de septiembre y se ha prolongado durante más de nueve horas de vista. Durante la sesión, el Ministerio Fiscal ha modificado su posición inicial y ha reducido de cinco años a dos años y seis meses la petición de prisión para cada uno de los activistas.
La Fiscalía ha explicado que esa rebaja se ha debido a ‘un error’ en la aplicación de un Código Penal no vigente. Tras revisar la calificación jurídica durante el propio juicio, el Ministerio Público ha ajustado su solicitud de pena a la normativa actual.
Los once miembros de Greenpeace se han sentado en el banquillo acusados de desórdenes públicos por una acción de protesta desarrollada en 2021 frente a la costa de Sagunto. La defensa ha pedido la absolución al entender que se ha tratado de un acto de desobediencia civil sin violencia.
El origen del caso se sitúa en la protesta realizada el 26 de octubre de 2021. Ese día, el barco Esperanza de Greenpeace ha bloqueado la entrada al puerto del buque gasero Merchant, procedente de Estados Unidos, que transportaba 138.000 metros cúbicos de gas licuado.
Según se ha acreditado en el procedimiento, además del Esperanza han intervenido cuatro lanchas neumáticas que se han situado junto al casco del Merchant. Activistas de la organización han pintado en el costado del buque el mensaje ‘NO + GAS’, mientras otro ecologista se ha encaramado al ancla del barco para ejercer resistencia.
La acción ha tenido como consecuencia el retraso de la entrada del buque Merchant al Puerto de Sagunto, que finalmente ha accedido a las instalaciones portuarias doce horas después de lo previsto. Este bloqueo temporal ha dado lugar a la investigación penal y al posterior juicio ahora resuelto con la absolución de los activistas.
La sentencia ha cerrado de momento la vía penal para los once ecologistas, aunque la posibilidad de recurso mantiene abierto el procedimiento. Greenpeace ha defendido durante todo el proceso que la protesta se ha realizado de forma pacífica para denunciar la dependencia del gas y los combustibles fósiles.
