La Conselleria de Cultura ha rechazado participar en la comisión municipal que analiza el robo del Tesoro de Villena y ha defendido que este órgano se centre en aclarar las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento en materia de seguridad del Museo de Villena (MUVI).
El departamento que dirige Carmen Ortí ha comunicado esta decisión en una nota difundida tras la primera sesión de la comisión, celebrada en Villena este miércoles. A esa reunión no han acudido ni la propia consellera ni la directora general de Cultura cuando se firmó la autorización, Pilar Tébar, ni la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso Rodríguez.
Según el escrito remitido por Cultura, la negativa a asistir a la comisión municipal responde, textualmente, a la voluntad de ‘preservar la correcta distribución de competencias entre administraciones y de evitar que un órgano de ámbito municipal termine desplazando el foco sobre las responsabilidades propias de la gestión del museo’.
Aun así, la Conselleria ha subrayado que su ausencia en la comisión ‘no supone renunciar a dar explicaciones ni a colaborar con las investigaciones, sino a considerar que las responsabilidades de cada administración deben analizarse en función de sus competencias y de los hechos acreditados’.
El departamento autonómico ha reiterado en el comunicado ‘su máximo compromiso con el esclarecimiento del robo del Tesoro de Villena’ y ha insistido en que seguirá colaborando en las vías que correspondan, especialmente en la judicial.
Competencias autonómicas y gestión municipal
Cultura ha recordado que la intervención del gobierno autonómico ‘se produjo en el ámbito de sus competencias de tutela del patrimonio cultural y de autorización del traslado del Tesoro de Villena como Bien de Interés Cultural’. Es decir, la Generalitat ha actuado como autoridad competente para autorizar los movimientos de la colección, en tanto que pieza protegida.
Sin embargo, el comunicado insiste en que la gestión material del museo, su mantenimiento, los sistemas de seguridad, los cerramientos, las vitrinas y la custodia física de los bienes depositados corresponden al titular y gestor del museo, en este caso el Ayuntamiento de Villena.
‘La autorización autonómica se realizó sobre la base de la documentación aportada por el titular de la instalación y dentro del procedimiento previsto por la legislación patrimonial’, han explicado desde la Conselleria. Además, han precisado que esa autorización de traslado ‘no puede confundirse con una certificación técnica de las instalaciones de seguridad de un museo municipal’.
Con esta explicación, Cultura ha querido remarcar que su papel se ha limitado a verificar que se cumplían los requisitos legales para el traslado del Tesoro de Villena. En cambio, ha situado en el ámbito municipal la responsabilidad sobre las medidas de protección diarias que debía tener el MUVI.
El informe policial de 2024 y las decisiones del Ayuntamiento
La Generalitat ha recordado también que la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana elaboró un informe unas semanas después de la apertura del MUVI. Ese documento proponía reforzar distintos elementos de seguridad y recomendaba que el museo contase con vigilancia privada las 24 horas del día, los 365 días del año.
Según la Conselleria, ese informe fue remitido al alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y a la directora del museo, Laura Hernández. Por ello, el departamento autonómico considera que la comisión municipal ‘debe aclarar qué decisiones adoptó el ayuntamiento en base a este informe’.
Cultura ha puesto el acento en estas recomendaciones policiales para justificar que el debate principal de la comisión debe girar en torno a qué hizo el consistorio tras recibir el documento y cómo aplicó, o no, esas propuestas de refuerzo de la seguridad.
Apertura de diligencias judiciales en Villena
Al contexto político y administrativo se suma la vía judicial. El pasado 29 de septiembre se han abierto diligencias previas por parte del juzgado de Villena contra el alcalde y la directora del MUVI, además de la persona responsable de la seguridad del centro.
Ante esta situación, la Generalitat ha asegurado que quiere ser ‘especialmente prudente’ y no anticipar ninguna responsabilidad penal. Sin embargo, ha subrayado que ‘la existencia de estas diligencias hace todavía más necesario distinguir entre las competencias autonómicas de tutela patrimonial y las responsabilidades derivadas de la gestión cotidiana y la seguridad de una instalación cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento’.
De este modo, el Consell ha defendido que la comisión municipal se concentre en depurar posibles responsabilidades en el ámbito local, mientras la administración autonómica mantiene su colaboración en la investigación general del robo del Tesoro de Villena y en la protección del patrimonio cultural afectado.
