El Consell ha aprobado un convenio tipo para distribuir un millón de euros entre los 13 consorcios y entidades responsables de los planes zonales de residuos. Varias de las partidas corresponden a áreas de gestión con presencia en la provincia de Castellón y tendrán como objetivo fomentar la recogida separada de biorresiduos.
La iniciativa permitirá formalizar convenios específicos con las entidades encargadas del tratamiento y gestión de los residuos. Los fondos se destinarán a promover la separación de restos biodegradables, alimentarios y de cocina tanto entre la ciudadanía como en las administraciones locales.
Los acuerdos podrán financiar sistemas de incentivos para las entidades locales que prestan el servicio de recogida. También contemplan la posibilidad de trasladar esos incentivos directamente a los contribuyentes mediante las tasas de gestión de residuos.
Entre las principales asignaciones figura una partida de 150.000 euros para el Consorcio de Ejecución del Plan de Residuos Zona I, Área de Gestión C1. Además, el Consorcio para la Ejecución del Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII, áreas C3/V1, contará con 100.000 euros.
El reparto contempla asimismo 50.000 euros para el Consorcio para la Ejecución del Plan Zonal de Residuos 11, Área de Gestión C2.
Estas nuevas medidas se producen en un año en el que la gestión de residuos ha obligado a reforzar la coordinación entre instalaciones y consorcios de la provincia, como ocurrió con la reorganización del tratamiento de residuos tras el incendio de la planta de Reciplasa en Onda.
Las actuaciones subvencionadas deberán ser competencia directa de los consorcios o de las entidades locales responsables de los servicios de recogida. Además, tendrán que ajustarse a las previsiones establecidas en sus respectivos planes zonales.
La Generalitat pretende con esta línea económica mejorar los niveles de separación de la materia orgánica y favorecer su posterior reciclaje y aprovechamiento. La medida forma parte de las políticas dirigidas a reducir la cantidad de residuos que termina en procesos de eliminación y a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
La Ley 5/2022 de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular establece obligaciones específicas para avanzar en la separación y reciclaje de los biorresiduos y contempla la colaboración económica entre administraciones. Los convenios específicos entrarán en vigor con su firma y podrán financiar actuaciones desarrolladas durante 2026.
