El Gobierno ha previsto aprobar este martes un paquete de 45 millones de euros para impulsar residencias universitarias públicas con casi 2.000 nuevas plazas en todo el país, del que la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón recibirá 4,45 millones.
La medida forma parte de un decreto que busca aumentar la oferta de alojamiento para estudiantes y profesorado a precios asequibles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el texto no necesita convalidación en el Congreso y que ha quedado pendiente de aprobación durante esta legislatura.
Sánchez ha subrayado que este impulso a la vivienda universitaria quiere facilitar que más jóvenes puedan estudiar fuera de su municipio o provincia. Así, ha defendido que el acceso a una residencia asequible resulta clave para que el lugar de origen o la renta familiar no limiten la elección de universidad.
Reparto de los fondos entre universidades
El decreto permitirá activar varios proyectos de residencia universitaria que, según el Ejecutivo, ya estaban maduros a nivel técnico y administrativo. En esta primera fase se crearán cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el territorio.
La Universidad Autónoma de Madrid será la principal receptora de fondos, con 13,36 millones de euros. El Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) contará con 8,19 millones y la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, con 6,5 millones.
La Universidad de Burgos recibirá 5,94 millones. La Universitat Jaume I de Castellón dispondrá de 4,45 millones para ampliar su oferta de alojamiento universitario. La Universidad de Jaén contará con 3,56 millones y el Ayuntamiento de Lleida tendrá 2,97 millones para proyectos similares.
Con este reparto, el Gobierno ha buscado poner en marcha iniciativas ya diseñadas que necesitaban respaldo económico para ejecutarse. El objetivo es acelerar la disponibilidad de plazas residenciales, especialmente en campus donde la demanda de vivienda para estudiantes se ha tensionado.
Durante la presentación, el presidente ha insistido en el impacto social de esta inversión: ha señalado que la universidad debe seguir siendo un motor de igualdad de oportunidades, también en materia de vivienda.
Según ha afirmado, ‘la universidad no es inmune al problema de la vivienda. Y cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, la universidad deja de ser motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades’.
Sánchez ha añadido que, para que la universidad cumpla su función, ‘todos debemos protegerla y financiarla‘, y ha remarcado que ‘pocas cosas representan mejor el progreso de España que la Universidad, que es el mayor ascensor social’.
Nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario
Junto al decreto sobre vivienda universitaria, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar también este martes el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario. El texto actualiza el vigente desde 2010, considerado el primero de la democracia y heredero de la etapa franquista.
El nuevo Estatuto se ha consensuado con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP).
El texto aspira a facilitar la compatibilidad de los estudios con la actividad laboral del alumnado. Además, reconoce de forma expresa el derecho al paro académico, total o parcial, como herramienta de protesta y participación estudiantil.
Entre las novedades, el Estatuto refuerza las garantías de calidad en las prácticas académicas externas. También impulsa la movilidad nacional e internacional del estudiantado y potencia los apoyos para estudiantes con discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo o dificultades de aprendizaje.
El documento fija un marco común de derechos y deberes para toda la comunidad estudiantil. Obliga a universidades públicas y privadas a ofrecer apoyo psicológico al alumnado y a disponer de unidades específicas y protocolos ante conductas suicidas.
El objetivo central es mejorar la protección de la salud mental del estudiantado, en coordinación con los servicios públicos de cada comunidad autónoma. Esta coordinación pretende asegurar que las universidades detecten de forma temprana situaciones de riesgo y activen recursos especializados.
Sánchez ha recordado que muchos estudiantes deben compaginar los estudios con trabajos, cuidados familiares o contextos de acoso. En sus palabras, ‘no todos los estudiantes llegan a la universidad en las mismas condiciones, ni todos recorren el mismo camino. Hay estudiantes que al salir de clase lo que hacen es irse a trabajar; otros que tienen que compaginar los exámenes con el cuidado de sus hijos o también de sus padres y madres y hay quienes afrontan, desgraciadamente, situaciones de acoso. Todos y todas merecen una universidad que les comprenda, que les acompañe y que también los proteja’.
En esta línea, el nuevo Estatuto también refuerza la protección de datos personales y el derecho a la desconexión digital. Además, prevé mejoras en los sistemas de tutoría y en la organización de las prácticas, siempre con la vista puesta en garantizar la integridad académica y un entorno universitario más seguro y equitativo.
