Las comunidades autónomas han explicado que sus ayudas públicas al cine y al sector audiovisual se basan en criterios técnicos de calidad, viabilidad e identidad cultural y lingüística, sin vetos ideológicos, frente a la nueva convocatoria de Castilla y León que ha limitado su apoyo a proyectos sin ‘propaganda’ ni ‘adoctrinamiento’. Estas líneas autonómicas de subvención, que suman millones de euros al año, han mantenido sus bases en esta línea, incluso en territorios gobernados por PP y Vox.
Castilla y León ha lanzado una convocatoria de 325.000 euros dirigida a largometrajes, documentales y series. Sin embargo, ha restringido las ayudas a proyectos sin ‘propaganda’ ni ‘apoyo expreso a opciones políticas concretas’. El Ministerio de Cultura ha anunciado que recurrirá la medida y el sindicato de guionistas Alma la ha calificado de ‘enorme gravedad’. Según este sindicato, ‘esto no tiene otro nombre que censura’.
En el resto de comunidades, el único límite general sobre contenido que aparece en las bases es el previsto en la Ley del Cine estatal. Esta norma excluye de las ayudas a las películas esencialmente publicitarias o de propaganda política, a las calificadas como ‘X’ y a las que hayan sido declaradas constitutivas de delito.
Más allá de estas restricciones legales, se repiten criterios muy similares en las convocatorias autonómicas. Se prioriza la calidad artística y técnica, la vinculación con la comunidad, la participación de profesionales y empresas locales y la viabilidad económica. También se valora la trayectoria profesional del equipo, el potencial comercial e internacional, la igualdad de género y el cumplimiento de requisitos administrativos y fiscales.
Estos criterios se aplican tanto en comunidades con gobiernos de PP y Vox como en el resto. Entre las primeras figuran Andalucía, Extremadura y Aragón, además de la propia Castilla y León.
Mapa autonómico de ayudas al cine
En Andalucía, la Consejería de Cultura de la Junta ha señalado que sus ayudas al sector audiovisual, cuyas bases son públicas, se rigen exclusivamente por criterios técnicos. La dotación total para este año ha ascendido a seis millones de euros.
En Aragón, el gobierno autonómico ha aclarado que no existen restricciones de contenido en los proyectos subvencionables. Ha remarcado que ‘el Gobierno de Aragón confía en la industria audiovisual aragonesa y en los creadores y su prioridad es apostar por el talento aragonés’. Este año, las ayudas se sitúan en 60.000 euros para cortometrajes y 680.000 euros para largometrajes.
En Baleares, la línea de apoyo al audiovisual tiene una cuantía anual de 900.000 euros. No se fija ninguna limitación de contenido en las producciones subsidiadas, salvo el respeto general a la ley y la exclusión de contenidos que puedan suponer una vulneración normativa.
En Canarias, se valora especialmente la relación de los proyectos con el archipiélago. Suma puntos que la obra adapte un texto de la literatura canaria, que la acción tenga lugar total o parcialmente en las islas o que muestre su patrimonio cultural o su historia. Cada año se conceden ayudas por valor de 2,9 millones de euros.
Cantabria mantiene sus convocatorias sin más requisitos sobre contenido. Destina 200.000 euros al desarrollo y producción de largometrajes y series audiovisuales, y otros 80.000 euros a cortometrajes y videoarte.
En Castilla-La Mancha, las bases incluyen condiciones como tener el domicilio fiscal en la región o que el proyecto esté vinculado a la identidad castellanomanchega. Las cuantías actuales son de 200.000 euros para producción de largometrajes, 50.000 para cortometrajes y 25.000 para desarrollo de guiones.
En Cataluña, los proyectos deben tener ‘interés cultural, cinematográfico, social o experimental’, con especial atención a nuevos realizadores. Las bases insisten también en que se trate de obras con ‘vocación de mercado’. Se establecen condiciones específicas ligadas a la lengua catalana y aranesa, así como a la presencia de referentes y profesionales locales. La participación de mujeres en los puestos clave de producción se considera un aspecto positivo. El volumen total de subvenciones supera los 35 millones de euros anuales, incluyendo videojuegos.
La Comunidad de Madrid ha fijado en su plan estratégico de la Industria Audiovisual el objetivo de llegar a diez millones de euros anuales en ayudas. En 2026 se han alcanzado, de momento, seis millones. Entre los criterios de valoración figuran la autonomía de producción audiovisual, la presencia de al menos una sede o filial de la productora en la región y estar al corriente de pago con la Administración.
Navarra destina 625.000 euros a las ayudas a la producción audiovisual. Sobre el caso de Castilla y León, el ejecutivo foral ha subrayado que ‘existe una diferencia de fondo en el modelo de política cultural: Navarra apuesta por el apoyo a la creación artística desde criterios profesionales y con pleno respeto a la libertad de creación’.
En la Comunidad Valenciana, las ayudas al sector audiovisual han ascendido a 6,7 millones de euros. La administración autonómica ha destacado que actualmente no se impone ningún requisito específico ni limitación por el contenido de las obras. Además, los documentales centrados en tradiciones vivas pueden optar a una línea propia de 395.000 euros.
En Extremadura, la dotación global para 2026 ha sido de 514.000 euros. La Junta ha indicado que estas ayudas se conceden según criterios objetivos de calidad, viabilidad e impacto regional, sin condicionantes ideológicos y con respeto a la libertad de creación artística y a la pluralidad de propuestas. También se valora favorecer la igualdad dentro de los equipos creativos y técnicos.
Galicia financia la producción audiovisual con más de 8,2 millones de euros. La Xunta ha aclarado que no prevé cambios en sus convocatorias en un sentido similar al de Castilla y León. Sus ayudas se rigen por criterios de calidad, trayectoria, viabilidad, potencial de internacionalización y contribución a la cultura gallega, incluido el uso de la lengua propia.
El Gobierno Vasco ha destinado 10,8 millones de euros a fomentar la producción audiovisual en Euskadi. Los proyectos beneficiarios se seleccionan mediante comisiones de valoración integradas por expertos, que no introducen restricciones por motivos ideológicos.
La Rioja ha precisado que reparte 255.000 euros en ayudas basadas en la calidad de las propuestas. Ha remarcado que el contenido de las obras es totalmente libre y pertenece a la esfera creativa de los autores, a los que no se les marca orientación ni se les impone impedimentos.
Asturias tampoco establece limitaciones ideológicas ni vetos sobre el contenido de las obras. Solo fija requisitos específicos ligados a la finalidad de cada convocatoria, como el uso del asturiano o del eonaviego en determinados programas. La comunidad destina más de un millón de euros al audiovisual.
En la Región de Murcia, donde este año se han convocado ayudas por 700.000 euros, las bases no recogen una prohibición expresa del adoctrinamiento ideológico, la propaganda partidista o el apoyo a opciones políticas concretas equivalente a la introducida en Castilla y León. Se aplican, como en el resto, los criterios generales de calidad y viabilidad y los límites que marca la legislación estatal sobre contenidos subvencionables.
