El exalcalde de Quartell y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Francisco Huguet, y el exconcejal Emilio Máñez serán juzgados a partir del lunes en la Audiencia de Valencia por una causa de presunta corrupción urbanística derivada del conocido como caso Avialsa o cartel del fuego. El procedimiento se centra en la supuesta utilización de su influencia política para favorecer operaciones urbanísticas en varios municipios del Camp de Morvedre.
La Fiscalía Anticorrupción reclama penas de entre siete y dieciocho años y medio de prisión para los diez acusados en la causa. A todos ellos se les atribuyen delitos continuados de cohecho, falsedad documental, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución, lo que refleja la complejidad y gravedad que el Ministerio Público aprecia en el entramado.
Según la calificación fiscal, uno de los acusados, presidente del holding empresarial Avialsa, habría aprovechado su posición y su capacidad de influencia sobre los dos responsables públicos para lograr la adjudicación de terrenos municipales destinados a operaciones urbanísticas. Estas actuaciones se habrían concentrado en diversos municipios de la comarca del Camp de Morvedre, con especial incidencia en Alfara de Algimia y Quartell, donde el control político local facilitaba la toma de decisiones favorables a los intereses empresariales.
La tesis de la Fiscalía sostiene, además, que este procesado no tenía intención de ejecutar directamente los proyectos urbanísticos, sino de ceder la ejecución a otras empresas. De este modo, habría actuado como intermediario, concentrando primero las adjudicaciones para después derivarlas a terceras mercantiles, lo que permitía mantener el control sobre las operaciones y, en su caso, los beneficios generados.
Hechos presuntamente cometidos durante más de una década
Los hechos que se enjuician se sitúan entre los años 2005 y 2016, un periodo prolongado en el que, siempre según la versión del Ministerio Público, se habría repetido de forma continuada el mismo patrón de actuación. La Fiscalía describe un esquema en el que los dos cargos públicos habrían recibido diversas contraprestaciones a cambio de decisiones favorables en materia urbanística.
Entre esas ventajas presuntamente obtenidas se incluyen rebajas en la compra de terrenos, fincas y viviendas, así como el uso de vehículos de alta gama. Este tipo de beneficios en especie es habitual en los delitos de cohecho, en los que no siempre media un pago directo en efectivo, sino ventajas económicas o patrimoniales difíciles de justificar por la vía ordinaria.
El Ministerio Público también reclama responsabilidades patrimoniales. En su escrito de acusación solicita indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Quartell que, en conjunto, se acercan a los 700.000 euros. Esta cantidad pretende resarcir el supuesto perjuicio causado a las arcas municipales por las decisiones urbanísticas bajo sospecha, que habrían beneficiado a intereses privados en detrimento del interés general.
Antecedentes penales de Francisco Huguet y vínculo con Emilio Máñez
La situación judicial de Huguet se ve agravada por sus antecedentes. Ya fue condenado, en una sentencia que adquirió firmeza en mayo de 2022, a dos años y medio de prisión como cooperador necesario en un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos. Aquella causa estaba relacionada con la contratación simulada, a través de la empresa pública Imelsa, posteriormente denominada Divalterra, de Emilio Máñez como coordinador de Brigada Forestal.
Según esa resolución, la contratación de Máñez no respondía a una necesidad real de la empresa pública, sino a una decisión adoptada desde el ámbito político para situarlo en un puesto retribuido. Máñez ya había trabajado anteriormente como asesor del grupo popular en la Diputación de Valencia entre 1999 y 2003, etapa en la que desempeñó funciones de asesoría para el entonces alcalde de Quartell y diputado provincial.
Este vínculo político y profesional entre ambos, consolidado durante años en la Diputación y en el Ayuntamiento, es el telón de fondo sobre el que ahora se examinan las decisiones urbanísticas cuestionadas. El juicio en la Audiencia de Valencia deberá determinar si esa relación se tradujo en una estructura estable de favores y contraprestaciones o si, por el contrario, las actuaciones se ajustaron a la legalidad y no constituyen los delitos que la Fiscalía les atribuye.
