El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha cuestionado la validez de los documentos que Víctor de Aldama ha aportado al Tribunal Supremo sobre la compra de un local en València durante la pandemia.
El comisionista ha sostenido que se pagaron 20.000 euros en ‘b’ y pretende acreditar que se modificó un contrato para cuadrar el precio con la escritura pública.
Aldama ha puesto en manos del instructor, Leopoldo Puente, contratos y correos con los que intenta demostrar que el ‘contrato original’ hallado por la UCO en el domicilio de Ábalos fue retocado. Entre los materiales figura un correo de abril de 2020 remitido por su secretaria: ‘Ahí está el contrato. He cambiado otra cosa respecto al original. Si quieres te cuento cuando lo leas’.
La defensa de Ábalos niega validez y apunta al calendario
En respuesta, el nuevo abogado de Ábalos, Carlos Bautista, ha presentado un escrito en el que sostiene que la supuesta colaboración de Aldama no queda avalada por un simple email entre el propio comisionista y una trabajadora. Ha subrayado que se trata de un borrador sin firma, elaborado en el entorno del imputado, y que por ello carece de fuerza probatoria.
Bautista ha señalado que la presunta autora del texto, a quien su representado no conoce, admite haber cambiado por su cuenta partes del documento. Para la defensa, ese hecho evidencia que el borrador no guarda relación con las condiciones finalmente pactadas y firmadas por Ábalos, únicas de las que puede responder. Añade que el precio se ajustó a mejores condiciones de mercado.
Cheques y transferencias
La defensa también ha insistido en que ni el vendedor está vinculado a Aldama ni este parece conocer que el pago se realizó mediante cheques y transferencias, además de una hipoteca de 50.000 euros declarada en el Congreso de los Diputados. Ese detalle, recalca, refuerza que la operación se formalizó por vías bancarias y con obligaciones declaradas.
El calendario ha sido otro de los argumentos: el contrato de arras se firmó el 23 de marzo de 2020, mientras que el correo aportado por Aldama es del 4 de abril de 2020, posterior al acuerdo inicial. Para la defensa, esa secuencia temporal cuestiona que el email pueda describir las condiciones ya pactadas.
Bautista ha acusado a Aldama de sostener una elucubración sin corroboración periférica, lo mínimo exigible frente a afirmaciones de un ‘pentito’. Ha advertido, además, de posibles consecuencias procesales derivadas de la aportación de ese papel.
Informe marzo
El letrado ha recordado que la Unidad Central Operativa ya abordó la adquisición del inmueble en un informe de 17 de marzo de 2025 y que la defensa aportó la justificación documental oportuna. En ese expediente, sostiene, figura el único contrato en el que intervino su cliente.
En este cruce de versiones, el foco del Supremo ha quedado en determinar si hubo manipulación documental para ajustar el precio de compraventa o si, como defiende Ábalos, se trató de una renegociación en el mercado y el pago se articuló por vías trazables. La relevancia que el instructor conceda a los nuevos materiales marcará el rumbo de esta pieza del caso Koldo.
