El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Catarroja (Valencia) tramita la declaración de fallecimiento del prófugo Antonio Anglés, considerado el autor material del rapto, violación y asesinato de las tres niñas de Alcàsser, Miriam García, Desirée Hernández y Toñi Gómez, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Las tres niñas, de 14 y 15 años, fueron asesinadas en 1992 y se considera a Anglés el autor material del triple crimen, por el que ya se condenó a Miguel Ricart a 170 años de prisión.
Ricart salió de prisión en 2013 tras desactivarse la doctrina Parot mientras que a Anglés, cuya responsabilidad penal no se extinguirá hasta diciembre de 2029, supuestamente se le perdió la pista en 1993 en la bahía de Dublín, cuando viajaba como polizón en un barco. El juzgado, a solicitud de la familia de Anglés, ha iniciado este procedimiento y se encuentra a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira. instructor del conocido como ‘caso Alcàsser’, y que mantiene abierta una pieza sobre el prófugo y en la que se han practicado diligencias sobre pelos y otras evidencias relacionadas con el triple crimen, informe sobre el asunto.
La solicitud la presentó Joaquín Mauricio Martins, hermano de Antonio Anglés, hace seis meses, según ha adelantado el diario Las Provincias, con el objetivo de poder gestionar una herencia familiar. Este hermano de uno de los fugitivos más buscados de Europa se encuentra en prisión por secuestrar y torturar a un hombre.
La ley permite declarar como fallecida a una persona que ha desaparecido cuando hayan transcurrido 10 años desde que se tuvieran las últimas noticias de esa persona.
De acuerdo con esta publicación, la familia decidió formalizar este petición tras 30 años sin que Policía y Guardia Civil hayan encontrado una pista sobre el paradero de Anglés y con vistas a acceder a la herencia familiar. En noviembre de 2021 la Policía Nacional y la Europol reactivaron la búsqueda de Anglés, un procedimiento habitual que siguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante personas con orden de búsqueda por diferentes delitos y en el que, cada cierto tiempo.
De hecho, la asociación Laxshmi, dedicada a la lucha contra el crimen y personada como acusación popular ha pedido nuevos exámenes de ADN sobre varias pruebas biológicas que figuran en la investigación.
