La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) ha adjudicado de manera definitiva dos parcelas para construir un total de 169 viviendas protegidas en régimen de alquiler en València y Benidorm.
Se trata de una parcela de 91 viviendas en Benidorm, situada en la avenida Moralet de Benidorm, y otra en la ciudad de València, en la calle Vicente Miguel Carceller, en la que se alzarán 78 pisos. El pliego del concurso contempla la cesión del derecho de superficie por un plazo de 55 años, prorrogables a 20 años más, y se desarrollarán a través de fórmulas de colaboración público-privada.
Culmia será la promotora encargada de la construcción de las viviendas de protección pública, la conservación y mantenimiento del edificio (viviendas, garajes, trasteros, locales y elementos comunes) y la gestión y explotación, mediante alquiler, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
El uso de estas viviendas, precisa la Conselleria, deberá ser únicamente residencial y destinado a vivienda de protección pública en régimen de alquiler social. Los garajes y trasteros situados en los sótanos tendrán la consideración de anejos inseparables a las viviendas.
Los arrendatarios deberán cumplir todos los requisitos recogidos en el Capítulo VII Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.
Estas 169 viviendas se enmarcan dentro del Plan Vive impulsado por la Generalitat, cuyo objetivo es la promoción de 10.000 viviendas de protección pública y privada en esta legislatura mediante la movilización de suelo público disponible y la colaboración público-privada.
Los inmuebles que se construirán en Benidorm y València cuentan con ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2026, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. La empresa adjudicataria podrá obtener una ayuda de 50.000 euros por vivienda, sin que en ningún caso pueda exceder del coste de las actuaciones subvencionables.