La investigación sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre en la Comunitat Valenciana sigue sumando polémicas. Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias e investigado en el caso, ha denunciado a través de su defensa que el servicio de emergencias 112 no envió ninguna comunicación al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), pese a que su director formaba parte del comité encargado de la respuesta a la crisis.
El abogado de Argüeso ha presentado un recurso en el que cuestiona el enfoque de la jueza del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, señalando que la investigación ha pasado por alto este punto clave. Según el letrado, la jueza ha ordenado la recopilación de audios de llamadas al 112 sin antes esclarecer si estos mensajes fueron transmitidos al CECOPI. Para la defensa, esta omisión pone en duda el rigor del procedimiento, ya que podría haber un fallo estructural en la gestión de la emergencia que no se está investigando.
Desde el inicio de la crisis, el CECOPI fue el órgano encargado de coordinar la respuesta de las administraciones y los servicios de emergencia. Sin embargo, la falta de comunicación entre el 112 y este centro podría haber retrasado la toma de decisiones en momentos críticos. «Antes de ordenar la recopilación de audios, lo lógico sería investigar si esa información llegó a quienes tenían que gestionarla», argumenta la defensa de Argüeso.
La jueza, sin embargo, ha puesto el foco en la recopilación de pruebas sin aclarar primero la cadena de comunicación interna, algo que para la defensa del exsecretario autonómico resulta «inexplicable». La ausencia de información entre el 112 y el CECOPI plantea interrogantes sobre la coordinación del operativo y podría ser un factor clave en la responsabilidad de las autoridades.
Argüeso y Pradas declararán como investigados el 11 de abril
Mientras tanto, la investigación sigue su curso. El próximo 11 de abril, Emilio Argüeso y la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, declararán como investigados. El 14 de abril, la jueza tomará declaración a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en calidad de testigos.
Por otro lado, la magistrada ha desestimado la solicitud de la acusación popular para investigar el papel del presidente de la Generalitat durante la crisis. Según el tribunal, su condición de aforado impide que el juzgado de Instrucción ordene diligencias sobre su actuación.
La defensa de Argüeso ha expresado su preocupación por la filtración de información sensible a los medios. En su recurso, advierte que la difusión de los audios de llamadas al 112 podría generar «auténtica alarma social», debido a la angustia que expresaban los ciudadanos en plena catástrofe. Además, considera que la exposición de estas grabaciones podría afectar a los familiares de las víctimas, muchos de los cuales están personados en la causa.
El debate sobre la instrucción del caso está servido. ¿Se están investigando los aspectos clave de la gestión de la emergencia, o se está desviando el foco de los errores estructurales? La falta de comunicación entre el 112 y el CECOPI es una cuestión central que, según la defensa de Argüeso, sigue sin recibir la atención que merece.
