La cifra total de víctimas mortales registrada a causa de la Dana y las inundaciones que afectaron a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre ha aumentado a 221, tras la recuperación del cuerpo sin vida de una mujer en el barrio de La Torre, en la capital provincial, mientras que el número de expedientes por denuncias de desaparición que están activos ha bajado a siete.
Así se recoge en el balance con el acumulado histórico desde que se produjo el episodio que elabora el Centro de Integración de Datos (CID) y que ha sido actualizado a las 20 horas de este jueves, 20 de noviembre.
A 220 de los 221 fallecidos se les ha practicado ya la autopsia y 219 de ellos están plenamente identificados: 170 por huellas dactilares, 45 por análisis de ADN y 4 por identificación hospitalaria en vida. Por tanto, hay dos cadáveres pendientes de identificar, los correspondientes a la mujer localizada ayer en Torrent y a la víctima encontrada hoy en La Torre.
Así, en comparación con el balance del día anterior, miércoles 20 de noviembre, en las últimas 24 horas se ha producido la entrada de una nueva víctima mortal en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Valencia (IML).
El número de identificaciones se mantiene como ayer en 219 y el de expedientes activo por desaparición ha bajado de ocho a siete por la localización de una persona.
Por otro lado, las familias de las 219 víctimas mortales que están plenamente identificadas ya se han hecho cargo de los restos mortales de sus seres queridos y han podido celebrar las correspondientes exequias fúnebres.
El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones a las personas fallecidas en sucesos con múltiples víctimas, en virtud del RD 32/2009.
Este centro es el único facultado por ese Real Decreto para facilitar públicamente a los medios cifras oficiales, a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, relativas al tratamiento médico forense y de policía científica del suceso.