El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha defendido en la comisión de investigación de Les Corts sobre la dana de 2024 que la gestión de la presa de Buseo el día del temporal recaía en el comité permanente presidido por Miguel Polo, máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Según ha subrayado, este órgano técnico era el que tenía la responsabilidad operativa y la capacidad de decisión sobre el embalse en los momentos previos a la tragedia.
Barrachina ha explicado que, durante la emergencia, el representante de la Conselleria en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) fue precisamente Miguel Polo. Ha remarcado que fue él quien recibió la única información disponible antes del fallecimiento de las dos víctimas en Sot de Chera y ha cuestionado por qué ni Polo ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, compartieron esos datos, apuntando que solo ellos pueden aclarar las razones de ese silencio institucional.
El conseller ha querido desmarcarse de cualquier crítica hacia la empresa Typsa, adjudicataria de la explotación y conservación de la presa de Buseo. Ha asegurado que mantiene la mejor consideración sobre su labor técnica y ha insistido en que, de acuerdo con las normas de explotación vigentes, las decisiones clave recaían en el comité formado por Polo y otros tres miembros de la CHJ, y no en la compañía contratada para la gestión ordinaria.
Cruce político por las responsabilidades en la presa de Buseo
Los grupos de la oposición han centrado sus intervenciones en la actuación de Barrachina durante la emergencia. El grupo socialista y Compromís le han reprochado que se desvinculara de la gestión de la crisis y de sus obligaciones como titular del embalse a las 18:30 horas de aquel día.
A su juicio, ese paso atrás supone una renuncia a su función de supervisión y por ello le han instado públicamente a presentar su dimisión.
Desde las filas del PP, en cambio, se ha acusado a la izquierda de tergiversar y manipular la realidad mediante juicios de valor que no se sostienen en los informes técnicos. Vox, por su parte, ha aprovechado el debate para denunciar que la situación general de las presas revela una falta de voluntad política prolongada para priorizar inversiones en infraestructuras que, según su planteamiento, podrían evitar tragedias en episodios de lluvias extremas.
Plan de emergencias
Barrachina ha puesto de relieve que, en la actualidad, el embalse de Buseo es el único de la zona que dispone de un plan de emergencias en vigor, con fecha de caducidad en julio de 2027. Ha contrastado este hecho con la situación del resto de presas, incluido el embalse de Forata, de un tamaño ocho veces superior, que carecen de un plan activo o dejaron pasar el plazo sin presentarlo, lo que a su juicio evidencia una falta de planificación previa.
Dudas gestión estatal
El conseller ha añadido que la presa de Buseo ha sido sometida a dos revisiones de seguridad en mayo y noviembre de 2024, realizadas en un contexto de preocupación por el estado de las infraestructuras hidráulicas tras la dana. Ha advertido, en cambio, de que no existe constancia de revisiones similares en Forata desde 2017 y ha recalcado que la propia CHJ reconoce esa ausencia de controles actualizados, lo que, según ha sugerido, agrava las dudas sobre la gestión estatal.
Durante su comparecencia, Barrachina ha recordado que fue el gobierno autonómico anterior, con Compromís en 2022, quien decidió externalizar la gestión de la presa de Buseo.
Ha indicado que la propia administración justificó esa decisión por la falta de capacidad de la dirección general para abordar los trabajos con recursos técnicos propios suficientes.
A partir de este argumento, el conseller ha criticado que ahora se cuestione la independencia técnica de la empresa contratada, después de abonarle 800.000 euros, y que se pretendan introducir injerencias políticas en una gestión que se encargó precisamente para reforzar la profesionalización.
La diputada de Compromís Paula Espinosa ha respondido que, a su entender, fue un gobierno del PP el que dejó abandonada la presa de Buseo en 2013, señalando directamente a la entonces consellera de Medio Ambiente, Isabel Bonig.
Ha defendido que, por esta razón, Compromís impulsó en 2017 un cambio de rumbo para rescatar la infraestructura y poner los medios necesarios para contratar una empresa especializada que garantizara su mantenimiento y seguridad.
Desde el grupo socialista, la diputada Alicia Andújar ha acusado a Barrachina de estar mintiendo o desconociendo el alcance de sus competencias y responsabilidades como titular del embalse. Ha recordado que las normas de explotación establecen que la Conselleria debe avisar a Protección Civil en situaciones de riesgo, y ha recalcado que él era el propietario político de la infraestructura y, por tanto, quien debía asegurar que todos los mecanismos de alerta y coordinación funcionaban correctamente.
Plan de reconstrucción
Barrachina ha respondido destacando el esfuerzo inversor realizado por la Generalitat en la presa de Buseo. Ha asegurado que solo en 2025 se ha destinado cuatro veces más presupuesto que durante los ocho años de gobierno del Botànic. Ha detallado que el plan de reconstrucción del embalse, estructurado en tres fases, suma 35 millones de euros e incluye actuaciones como el acondicionamiento de los accesos y de las zonas dañadas por la dana, una primera fase que ha dado ya sus frutos con la finalización de los trabajos iniciales.
El conseller ha citado asimismo el volumen de ayudas concedidas y convocadas tras el temporal, que ha cifrado en más de 95 millones de euros para paliar los daños causados. Ha avanzado que, si el calendario previsto por la Generalitat se cumple, este año se licitarán 140 millones adicionales en proyectos vinculados a la recuperación y mejora de infraestructuras hidráulicas, y ha remarcado que todos estos recursos se financian con crédito autonómico, criticando que la aportación del Gobierno central a su Conselleria es de cero euros.
En su defensa política y personal, Barrachina ha asegurado que no dejó de trabajar ni un solo minuto durante la emergencia, independientemente del lugar en el que se encontrara, y ha valorado que, gracias a ello, la respuesta en el ámbito ganadero y agrícola funcionó, en sus palabras, de forma extraordinariamente adecuada ante las dificultades generadas por la dana.
En la recta final de la sesión, el diputado y síndic del PP Nando Pastor ha agradecido las explicaciones del conseller y se ha mostrado satisfecho porque, a su juicio, ha quedado claramente establecido que la responsabilidad de informar al Cecopi recaía en Miguel Polo. Desde Vox, el diputado Joaquín Alés ha insistido en que la tragedia provocada por la dana obedece a un grave fallo de coordinación entre administraciones, y ha reclamado una revisión profunda de los protocolos para evitar que una situación similar pueda repetirse en futuros episodios de lluvias torrenciales.
