La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha reunido este lunes con el presidente de Propeller Valencia (Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos), Alfredo Soler, y miembros de la asociación, donde han abordado diferentes asuntos de interés para la ciudad, entre ellos, la ampliación del Puerto de València.
“Nuestro objetivo es no perder el liderazgo del Puerto de Valencia en el Mediterráneo. Reivindicamos que se termine con la paralización por parte del Gobierno Central de las obras necesarias para que así se pueda poner en marcha la ampliación norte del Puerto porque esta paralización es una mala noticia para el país”, ha afirmado María José Catalá.
Tras la reunión, la alcaldesa ha exigido rigor en la gestión y que el Gobierno de Sánchez “desbloquee las obras necesarias, que sabemos que cuenta con los informes favorables” y ha añadido “pedimos menos ideología y más acción en lo que necesitan los valencianos y españoles y vamos a seguir trabajando con Propeller en proyectos de futuro para La Marina y el Puerto”.
Asimismo, Catalá ha apuntado que Pedro Sánchez y su Gobierno “no puede frenar el Puerto de Valencia por intereses partidistas y políticos. No puede ni aceptar chantajes ni cambiar la presidencia del Gobierno por el bloqueo al Puerto, que generará miles de puestos de trabajo en la ciudad”.
“Inseguridad jurídica para atraer inversiones”
“Hoy le he trasladado a los empresarios logísticos el apoyo de este Ayuntamiento a la finalización de la ampliación Norte del Puerto de Valencia. Estamos muy preocupados por el bloqueo que el Gobierno de España tiene sobre este proyecto que es irrenunciable para la ciudad”, ha afirmado la alcaldesa, quien ha subrayado que se trata de una inversión privada de 1.000 millones de euros, que generará en el proceso constructivo 15.000 puestos de trabajo adicionales y 5.000 empleos permanentes, con un impacto sobre el empleo con la terminal operando de más de 44.000 empleos indirectos, y permitirá ampliar la capacidad del recinto en 5 millones de TEU.
Catalá ha trasladado que “la inseguridad jurídica que está provocando esta situación merma la capacidad de atracción de inversiones a nuestra ciudad y es algo que no podemos consentir”. En este sentido, según un informe de la APV, de la activación de este proyecto dependen la estabilidad de un sector logístico que genera 3.2000 millones de euros y 50.000 empleos.
