Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción de los pueblos afectados por la dana del 29 de octubre han denunciado este miércoles la «falta de medidas reales que garanticen la seguridad de la población» ante la alerta roja por lluvias de los últimos días y lamentan que las administraciones «continúen sin asumir sus responsabilidades».
«La población vive con angustia una nueva alerta por lluvias torrenciales, mientras los planes de emergencia continúan pendientes de ser revisados, no existen protocolos de evacuación, ni sistemas de alerta por megafonía, y los sistemas de drenaje y alcantarillado siguen sin repararse», lamentan en un comunicado.
Añaden que «más allá de medidas generales como la suspensión de clases, actividades culturales o deportivas y recomendaciones de no salir a la calle, la realidad es que no hay un censo actualizado de personas mayores, con movilidad reducida o discapacidades que requieran ayuda en caso de evacuación».
Advierten además de que «no hay espacios seguros habilitados para personas que viven en planta baja, no se ha hecho ninguna formación ciudadana en autoprotección, y tampoco se han implementado sistemas alternativos de comunicación para garantizar que la población esté informada en caso de corte de luz o caída de la red de telefonía».
Según precisan, disponen de una red de 80 walkies distribuidos por l’Horta Sud, que han puesto a disposición de los ayuntamientos, «pero ninguna administración ha considerado importante coordinarse con nosotros».
Presencia en organismos de gestión de la emergencia
Los comités consideran «imprescindible como ciudadanía organizada» su presencia en los organismos que gestionan las emergencias.
«Tenemos conocimiento, herramientas y arraigo en el territorio para aportar información relevante y recursos valiosos», añaden, por lo que consideran que dejarles fuera de los procesos de decisión «no solo es un error, es un riesgo».
Por otro lado, manifiestan que las medidas adoptadas por los ayuntamientos, después de las reuniones de los Centros de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), son «insuficientes y demasiado genéricas» y critican la «falta de respuesta concreta a situaciones que ya se evidenciaron durante las riadas del 29 de octubre».
Entre las deficiencias más graves, señalan la carencia de atención a las personas dependientes que viven en plantas bajas, un colectivo de alto riesgo en caso de inundación; la ausencia de espacios habilitados para la reubicación segura de vehículos, y la falta de previsión ante posibles cortes en las comunicaciones, «un factor clave que puede dejar la población completamente incomunicada en el momento más crítico».
Insisten en su inclusión «efectiva» en los Cecopal, como «una medida clave para garantizar una respuesta real, ágil y adaptada en cada municipio».
«Nuestra participación aseguraría una capilaridad bidireccional fundamental: por un lado, podríamos transmitir las instrucciones en la población de forma clara y rápida; por la otra, haríamos llegar a las autoridades las necesidades reales de los colectivos más vulnerables», aseveran.
Argumentan para ello que pueden aportar su conocimiento del territorio, construido desde la experiencia y la proximidad, y de los «puntos críticos, qué infraestructuras son débiles y dónde viven las personas con más riesgo».
Por todo ello reclaman un «cambio profundo en el modelo de gestión de emergencias», que pasa por «descentralizar, coordinarse horizontalmente y escuchar los agentes locales que conocen de primera mano las vulnerabilidades del territorio».
«Solo así se podrá proteger la vida, el bienestar de la población y evitar que se vuelven a repetir los errores del pasado», concluyen.
