Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han rechazado las explicaciones dadas por la alcaldesa, María José Catalá, sobre la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por posibles casos de enchufismo en procesos de contratación vinculados al Consorcio València 2007. Ambas formaciones sostienen que los argumentos de la alcaldesa no despejan las dudas sobre la legalidad de estos procedimientos y han anunciado nuevas acciones legales.
La investigación abierta por Anticorrupción afecta a la propia alcaldesa de València, a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y a otros cargos públicos. Se les atribuyen presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la colocación de personal del Consorcio València 2007 tras su liquidación, en un contexto en el que se cuestiona si se respetaron los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a puestos públicos.
Catalá ha defendido la legalidad de los procesos de contratación del personal y se ha mostrado ansiosa por entregar a la Fiscalía toda la documentación relativa a estos procedimientos. La alcaldesa insiste en que los nombramientos se ajustaron a la normativa y presenta algunos casos concretos como ejemplo de procesos correctos, con la intención de reforzar su versión ante la opinión pública y los investigadores.
El caso de la plaza en Visit València
En un comunicado, la portavoz de Compromís en el Consistorio, Papi Robles, ha asegurado que una de las plazas, la de Visit València, que la alcaldesa ponía como ejemplo de proceso correcto, no cumplía los requisitos establecidos en la convocatoria. Según la coalición, este puesto directivo se habría adjudicado vulnerando las propias bases del proceso selectivo, lo que, a su juicio, contradice el discurso de Catalá.
Compromís sostiene que la investigación apunta a un sistema organizado para situar a personas afines en puestos directivos mientras se liquidaba el Consorcio València 2007, con procedimientos bajo sospecha de vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esta acusación se apoya en el informe de la Intervención General del Estado, al que hacen referencia como respaldo de que no se trataría solo de irregularidades aisladas, sino de un modo de actuar más amplio.
En este contexto, el caso de Visit València no sería una excepción legal, como ha tratado de hacer ver la alcaldesa, sino una pieza más de una operativa más amplia, según la portavoz de Compromís. La formación interpreta que la forma en que se gestionó esta plaza encaja en un patrón de decisiones dirigidas a favorecer a determinados perfiles en la adjudicación de puestos.
De acuerdo con la versión de Compromís, el puesto de trabajo adjudicado en la Fundación Visit València se asignó a una persona que, en el momento de la contratación, ya no cumplía el requisito esencial de ser empleado del sector público con relación funcionarial o laboral estable. Esta condición se exigía tanto al presentar la candidatura como en el momento de firmar el contrato, por lo que la pérdida de ese vínculo laboral resultaba determinante.
En concreto, esta persona fue despedida del Consorcio el 16 de octubre de 2024. Sin embargo, la resolución de adjudicación del puesto se firmó el 11 de noviembre de 2024 y el contrato al día siguiente, cuando ya había perdido la condición de personal del sector público tras el despido colectivo del Consorcio València 2007. Para Compromís, el hecho de que esta exigencia no se cumpliera desmonta completamente la defensa de Catalá y pone en cuestión la validez del proceso.
En esta línea, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha solicitado la documentación relativa al proceso, incluyendo las certificaciones que acreditaban el cumplimiento de los requisitos y la Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación Visit València. Su objetivo es aclarar cómo se tramitó realmente esta contratación y determinar si hubo un ajuste estricto a las bases o si se produjeron desviaciones en favor de una persona concreta.
Compromís insiste en que no se trata de errores puntuales, sino de un patrón. La formación interpreta que la repetición de supuestas irregularidades en distintos casos refuerza la hipótesis de un sistema de colocación, y por ello reclama que Anticorrupción profundice en todas las contrataciones ligadas al proceso de liquidación del Consorcio València 2007 y a los organismos vinculados.
En paralelo, el grupo socialista en el Ayuntamiento también mantiene la presión sobre el gobierno municipal. El portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha exigido que el equipo de María José Catalá haga pública de manera inmediata la agenda de reuniones del concejal José Marí Olano, considerado mano derecha de la alcaldesa. Según los socialistas, esta información es clave para esclarecer todas las reuniones que, según sostienen, se habrían mantenido en secreto para ofrecer puestos de trabajo de manera irregular en el Ayuntamiento de València.
Los socialistas han presentado una ampliación de denuncia en la Fiscalía para que se investigue también a Olano, después de que se hayan publicado audios suyos ofreciendo a los ex trabajadores del Consorcio València 2007 plazas públicas a medida. Para el PSPV, estos audios refuerzan la sospecha de que no se respetaron los procedimientos ordinarios de acceso al empleo público y que se habrían ofrecido puestos diseñados específicamente para determinadas personas.
Sanjuan ha señalado que Olano es un concejal que no está publicando la agenda de con quién se reúne ni especifica para qué empresas trabaja y está a sueldo, recordando que Catalá le concedió la compatibilidad para trabajar para empresas ajenas al Ayuntamiento. A juicio del portavoz socialista, esta falta de transparencia agrava las dudas sobre posibles conflictos de intereses y sobre el uso de su posición institucional.
El dirigente socialista ha advertido de que el grupo presentará nuevas acciones judiciales si no obtiene la información requerida sobre las reuniones y la actividad del concejal. En su opinión, es necesario achicar el espacio que tienen determinadas personas para pensar que la administración es un lugar donde pueden regalar puestos públicos y asignar contratos a dedo, por lo que reclama un mayor control y rendición de cuentas en el Ayuntamiento de València.
Catalá defiende que la agenda de Marí Olano es pública y se compromete a entregar toda la documentación
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este jueves que la agenda del concejal José Marí Olano es pública, igual que la del resto de ediles del Ayuntamiento, y ha reiterado que se facilitará a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación necesaria sobre la recolocación de personal que se encuentra bajo investigación.
Catalá ha sido preguntada por la petición del PSPV de acceder de forma detallada a la agenda de Marí Olano, edil del Ayuntamiento de València al que los socialistas han incluido en su denuncia ante la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias vinculados a la recolocación del personal del Consorcio Valencia 2007. Esta organización pública, encargada de la gestión de la dársena y del entorno de la Marina, se encuentra en el centro de las sospechas por los movimientos de personal que se llevaron a cabo y por las posibles responsabilidades políticas y administrativas derivadas.
Ante esa petición, la alcaldesa ha insistido en que las agendas institucionales son accesibles al público, excepto en el caso de reuniones internas de carácter estrictamente organizativo o de trabajo interno. Según ha explicado, el PSPV conoce ese funcionamiento y sabe que la agenda de Marí Olano se rige por los mismos criterios de publicidad que la del resto de concejales, ya que se considera una herramienta de transparencia sobre la actividad diaria de los responsables municipales.
Control de la Fiscalía y documentación
Catalá ha reiterado que, en relación con la investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción, la posición del Ayuntamiento pasa por colaborar en todo lo que sea necesario. Ha destacado que se remitirá cualquier documento que contribuya a aclarar los hechos relacionados con la recolocación de personal, desde expedientes y resoluciones hasta informes internos que hayan intervenido en las decisiones cuestionadas.
Sobre el papel de la agenda de Marí Olano, la alcaldesa ha apuntado que puede servir para detallar con quién se reunió el concejal, en qué fechas y con qué objetivos, lo que podría ayudar a la Fiscalía a verificar si existió alguna influencia indebida o decisiones adoptadas al margen de los procedimientos habituales. Al tratarse de una agenda oficial, ha indicado que ya está sometida a las normas de transparencia y que su contenido, excepto las reuniones de coordinación interna, se publica con carácter general.
Al ser cuestionada sobre la polémica generada en los últimos días, Catalá ha recordado que ya se ha pronunciado de manera reiterada. Afirmó que ya ha manifestado en varias ocasiones su postura y que ha adoptado todas las decisiones que considera oportunas para garantizar la colaboración del Ayuntamiento con la investigación. La alcaldesa ha remarcado que su objetivo es que se esclarezcan los hechos y se despejen las dudas sobre la gestión del personal vinculado al Consorcio Valencia 2007.
La responsable municipal ha subrayado que, a su juicio, lo más relevante en este momento es permitir que la Fiscalía continúe con su trabajo sin interferencias políticas y con toda la información disponible. Ha sostenido que el consistorio entregará cualquier documentación que pueda disipar las dudas sobre la recolocación del personal investigado y ha insistido en que la transparencia en las agendas y en los expedientes es una vía para reforzar la confianza en la actuación del Ayuntamiento.
