La Comunitat Valenciana se sitúa entre las autonomías con menor competitividad fiscal en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2025, solo por delante de Cataluña, Asturias y Aragón. El estudio señala que estos territorios se ven penalizados por una mayor carga en Renta, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, lo que reduce su atractivo para residentes e inversión.
El ranking, elaborado anualmente por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, compara los sistemas tributarios regionales para servir de guía a quienes diseñan la política fiscal. En su novena edición mantiene a Madrid en el primer puesto, con una presión fiscal más baja, un IRPF más moderado y amplias bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones.
Tras Madrid se colocan las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, que consolidan su fortaleza fiscal impulsadas por reformas en las reducciones del rendimiento neto del trabajo. La Rioja, que en 2023 fue décima y en 2024 octava, da un salto al quinto lugar gracias a su reforma del Impuesto sobre el Patrimonio. Canarias completa el grupo de cabeza con el sexto puesto.
Qué mide el IACF
El índice compara las 19 administraciones con autonomía tributaria y evalúa más de 60 variables vinculadas a cinco grandes figuras: Renta, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de tributos autonómicos propios. A partir de esa foto conjunta, clasifica a cada territorio según la carga impositiva efectiva y la estructura de sus impuestos.
En el extremo opuesto, Cataluña vuelve a cerrar la lista a pesar de haber reducido el tipo mínimo del IRPF y deflactado tramos. Por encima se sitúan Asturias y Aragón, seguidas de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha. El denominador común es una mayor presión en los impuestos personales y patrimoniales, que encarece herencias y transmisiones y limita la capacidad de ajuste en el IRPF.
El informe también recoge movimientos intermedios: Cantabria mejora gracias a nuevas bonificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio, mientras Galicia y Andalucía pierden posiciones por la falta de reformas estructurales y, en el caso gallego, por la creación de nuevos gravámenes. El documento será presentado en el Senado el 7 de noviembre
