El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha requerido a la filial irlandesa de Airbnb que suspenda 65.935 anuncios de pisos completos dedicados al turismo al considerar que vulneran la legislación autonómica.
En tres resoluciones, la Dirección General de Consumo criticó que estos anuncios no incluyen el número de registro o licencia exigido por varias comunidades, omiten la información sobre si el arrendador es profesional o particular. En ocasiones, incorporan licencias no oficiales o inexistentes, generando confusión entre los usuarios. Airbnb presentó recurso contra la primera resolución, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la legalidad de las actuaciones ministeriales, decretando el bloqueo inmediato de 5 800 anuncios.
El auto del TSJM se aplica a anuncios en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco. El ministro Bustinduy ha enfatizado la voluntad de colaborar con las autonomías para combatir el fraude en el alquiler turístico, garantizar el derecho a la vivienda y reforzar la protección del consumidor.
La Unidad de Análisis de Consumo trabaja en la recopilación y el intercambio de información para apoyar a otras administraciones. Asimismo, en diciembre de 2024 se abrió expediente a otra plataforma por publicidad irregular de licencias; en febrero de 2025 se iniciaron diligencias contra gestoras de pisos por no indicar la naturaleza jurídica del arrendador; y el 27 de marzo pasado se sancionó a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas. Estos expedientes continúan de forma independiente a la medida de bloqueo.
