La crisis educativa escala: las direcciones de centros públicos preparan una dimisión colectiva

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Los equipos directivos piden a Educación compromisos concretos para cerrar la huelga indefinida del profesorado

La tensión en la educación pública valenciana sube de nivel. Los equipos directivos de centros públicos de la Comunitat Valenciana han anunciado que podrían dimitir de forma “colectiva, coordinada y pública” si la Conselleria de Educación no ofrece una propuesta suficiente para poner fin a la huelga indefinida del profesorado.

La advertencia figura en un manifiesto conjunto firmado por equipos directivos de centros de distintas etapas educativas tras una asamblea celebrada en Picanya. El documento plantea esta decisión como una “medida extrema” en caso de que fracase la negociación entre Educación y los sindicatos convocantes.

Los equipos directivos exigen una propuesta por escrito, con compromisos verificables sobre las principales demandas educativas. La huelga indefinida comenzó el pasado día 11 y está impulsada por organizaciones como STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE.

Presión coordinada sobre la Conselleria

Los firmantes sostienen que la Conselleria debe abandonar las declaraciones genéricas y presentar soluciones concretas. Reclaman una negociación “real, leal y efectiva”, con medidas calendarizadas y dotación presupuestaria.

Según señalan, la educación pública valenciana arrastra problemas estructurales, falta de recursos, exceso de burocracia y una presión creciente sobre los centros. Por ello, consideran que la responsabilidad de los equipos directivos no puede convertirse en resignación.

En el manifiesto, las direcciones advierten de que promoverán nuevas medidas de presión si no hay una respuesta suficiente. Entre ellas incluyen la posibilidad de una dimisión coordinada como forma de denunciar una situación que, según afirman, ya no pueden normalizar.

Sin confrontar a familias y profesorado

Los equipos directivos insisten en que la movilización no responde a intereses particulares ni corporativos. Según defienden, las mejoras reclamadas afectan al conjunto del sistema educativo y repercuten directamente en el alumnado.

También rechazan enfrentar a profesorado y familias. A su juicio, defender mejores condiciones en los centros públicos es defender el derecho del alumnado a una educación de calidad.