La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha reanudado este lunes las declaraciones de testigos y está analizando la posible incorporación de ocho fallecidos más al procedimiento, lo que podría elevar el balance oficial de víctimas mortales de las riadas de 232 a 240, a la espera de los informes de los médicos forenses.
La instrucción se ha complicado porque, cerca de dos años después de la tragedia, aún no existe una cifra definitiva de personas fallecidas como consecuencia directa de la riada. Todavía hay ocho expedientes abiertos en los que los forenses deben aclarar si la causa del fallecimiento guarda una relación directa con el episodio de lluvias extremas.
Según han explicado fuentes judiciales, solo cuando estos informes estén completos se decidirá si esas ocho personas se consideran víctimas de la DANA. Hasta ahora se han reconocido 232 fallecidos, pero la cifra podría aumentar si se acredita el vínculo entre las muertes y las inundaciones.
La última víctima mortal incorporada a la causa se ha reconocido la semana pasada. Se trata de una vecina de Guadassuar (Valencia), con insuficiencia respiratoria crónica, que se quedó sin el oxígeno que necesitaba tras la inundación de su vivienda y el corte del suministro eléctrico. Esta situación derivó en un empeoramiento de su estado de salud y finalmente falleció el 6 de noviembre de 2024 en el Hospital de La Ribera, en Alzira.
Antes de este caso, el 13 de julio, la instructora ya había incluido como víctima a un hombre que murió en Benetússer a causa de un infarto agudo de miocardio. En ambos supuestos, la clave ha sido determinar si la emergencia derivada de las riadas influyó de forma decisiva en el desenlace.
Nuevas declaraciones clave en la causa
Dentro de esta nueva tanda de diligencias, este lunes declaran dos responsables de unidades de bomberos forestales, concretamente de las bases de Alzira y Buñol. Sus testimonios se centran en cómo actuaron los equipos de extinción durante el episodio de lluvias y en qué condiciones realizaron los trabajos de emergencia.
Tras estas comparecencias, el jueves será el turno del diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, que ya ha declarado ante la jueza el pasado 2 de marzo. La magistrada busca completar la información sobre la coordinación institucional y las decisiones adoptadas esos días.
Ese mismo jueves está citada también Rosa María Touris, ex directora general de Prevención de Incendios Forestales, que cesó a petición propia el 19 de noviembre de 2025. Su testimonio debe aclarar qué protocolos de prevención y alerta estaban activados cuando se produjo la DANA.
El calendario de declaraciones continúa el 21 de septiembre con la comparecencia de un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El día 23 está citado Francisco Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes. El 24 deberá declarar Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, y el 30 está previsto que acuda Andoni León, alcalde de Pedralba.
Durante el próximo mes de octubre están llamados once testigos más, entre ellos ocho alcaldes de municipios afectados por las riadas y una exalcaldesa, además de nuevos responsables de unidades de bomberos forestales. Con estos testimonios, la jueza busca perfilar cómo se gestionó la emergencia en el territorio y qué decisiones se tomaron a nivel local.
Actividad judicial tras el parón de agosto
Tras la pausa de agosto, la titular del juzgado de Catarroja ha retomado la actividad en esta macrocausa y ha dictado ya varios autos, providencias y diligencias de ordenación. Entre ellas figura la petición de una nueva prórroga de la instrucción por seis meses desde la fecha de su vencimiento, prevista para el próximo 30 de octubre.
Desde la vuelta de vacaciones, uno de los escritos que más repercusión ha tenido ha sido el presentado el 1 de septiembre por la defensa del expresident Carlos Mazón. En ese documento, su abogado rechaza que exista una relación causal entre el retraso en el envío del mensaje ES-Alert, que avisaba a la población la tarde del 29 de octubre de 2024 sobre el peligro de la crecida de ríos y barrancos, y el número de víctimas mortales que dejó la DANA.
A lo largo de 66 páginas, la defensa desarrolla argumentos para eximir de responsabilidad a Mazón. Entre otros puntos, sostiene que el expresident no tuvo responsabilidad por omisión en la catástrofe, que no era la persona encargada de adoptar las medidas de prevención y que tampoco intervino en la redacción ni en el contenido del mensaje ES-Alert.
Tres días después, la jueza respondió mediante un auto en el que negó que exista una ‘investigación prospectiva’ sobre el expresident. Recordó que Mazón es una persona aforada por su condición de diputado autonómico y subrayó que, según su criterio, no se está realizando una causa general contra él.
En ese auto, la magistrada afirma que ‘la afirmación de que se mantiene una investigación personal prospectiva contra Mazón es una afirmación hueca, sin refrendo ni mención a diligencia alguna que tenga tal carácter’. Con esta respuesta, la jueza trata de acotar el alcance de la instrucción respecto al expresident.
Mientras avanza la causa judicial, las asociaciones de víctimas mantienen su calendario de movilizaciones mensuales para protestar por la gestión de la DANA y reclamar responsabilidades a Carlos Mazón. Estas entidades han decidido que la próxima concentración, prevista para el 26 de septiembre, se celebre por primera vez fuera de la provincia de Valencia, en la ciudad de Alicante, donde el expresident tiene su oficina como ex jefe del Consell.
