Alrededor de 150 personas residentes en un bloque de 40 viviendas del barrio de La Torre, en València, se enfrentan a procesos de desahucio impulsados por la EVHA, según denuncia el Sindicat d’Habitatge de València, que se ha organizado junto a las familias para tratar de frenar los lanzamientos y reclamar una salida habitacional.
Según explica la organización, muchas de estas familias ocupaban las viviendas desde 2018 tras haber quedado fuera del mercado del alquiler. La entidad pública adquirió el edificio en 2022 y, siempre según la versión del sindicato, recabó entonces documentación de los residentes con la intención de estudiar su situación para formalizar posibles contratos de alquiler social.
Sin embargo, el colectivo sostiene que esos contratos no llegaron a firmarse y que fue en 2024 cuando comenzaron a abrirse procedimientos judiciales de desahucio contra las familias que viven en el inmueble.
El sindicato asegura que, en la actualidad, las 40 familias afectadas sufren además coacciones, presiones e intimidaciones. Entre esas situaciones, menciona supuestos cortes de suministros básicos como el agua, visitas reiteradas de la propiedad acompañada por agentes policiales y la presencia de una empresa de seguridad privada en el edificio.
Menores y personas vulnerables entre los afectados
La organización advierte de que la ejecución de estos desahucios dejaría sin alternativa habitacional a decenas de familias trabajadoras. Entre los afectados habría en torno a 100 menores, además de personas con situaciones de vulnerabilidad ya acreditadas ante los servicios sociales, según defiende el sindicato.
Entre esos casos figuran, siempre según la entidad convocante, personas con enfermedades físicas o mentales que requieren atención diaria, residentes con discapacidad y mujeres que han sufrido violencia de género.
Las tres reclamaciones planteadas a la EVHA
Ante esta situación, el Sindicat d’Habitatge de València ha trasladado tres peticiones concretas. La primera es el cese de las presuntas coacciones, presiones e intimidaciones a las familias que residen en el bloque.
La segunda reclamación pasa por la retirada de todos los procesos de desahucio abiertos contra los vecinos. La tercera exige la apertura de una mesa de negociación entre la propiedad y el sindicato para acordar la firma de alquileres sociales con las familias que habitan el edificio.
La organización enmarca este conflicto en la crisis de acceso a la vivienda y sostiene que las administraciones no están dando una respuesta suficiente a las familias vulnerables. Por ello, hace un llamamiento a la movilización y a la solidaridad ante futuras convocatorias en defensa de los residentes de La Torre.
