Familias residentes en un bloque de 40 viviendas del barrio de La Torre, en València, se encuentran afectadas por procesos judiciales de desahucio vinculados a un edificio gestionado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). La situación ha sido denunciada por el Sindicat d’Habitatge de València, que sostiene que las familias ocupan las viviendas desde 2018 tras quedar fuera del mercado del alquiler y reclama una solución habitacional para los residentes. De acuerdo con el colectivo serían alrededor de 150 personas.
Según explican desde el Sindicat, la entidad pública adquirió el inmueble en 2022 y recabó entonces documentación de las familias con la intención de estudiar su situación y valorar la posibilidad de formalizar contratos de alquiler social. Sin embargo, el sindicato sostiene que esos contratos nunca llegaron a firmarse y que fue en 2024 cuando comenzaron a abrirse procedimientos judiciales de desahucio contra los ocupantes.
Desde la EVha, por su parte, explican que el edificio se adquirió cuando 39 de las 40 viviendas ya estaban ocupadas ilegalmente. En aquel momento, señalan que el anterior gobierno autonómico solicitó comprobar si las personas que residían en el inmueble cumplían los requisitos para acceder a una vivienda del parque público.
Tras realizar las comprobaciones, la entidad asegura que ninguna de las personas ocupantes cumplía las condiciones exigidas para ser beneficiaria de vivienda pública. La única vivienda que no estaba ocupada ilegalmente pertenecía a una propietaria que, según explican fuentes cercanas, tuvo que trasladarse a otro lugar por problemas de convivencia.
Situación actual de los procedimientos
Según detallan desde la entidad pública, actualmente 7 viviendas están en régimen de alquiler y 33 se encuentran en procedimiento judicial de desahucio. En 11 casos ya se ha emitido auto judicial y se ha ejecutado el desalojo, mientras que otros procedimientos continúan en marcha o se han paralizado temporalmente por situaciones específicas.
Entre esas circunstancias se encuentran casos en los que hay menores en la vivienda y no existe una red familiar que pueda ofrecer apoyo, lo que puede llevar a suspender o retrasar los procedimientos mientras se analizan las alternativas.
Desde la EVha subrayan que no se han realizado actuaciones intimidatorias contra los residentes, como afirman desde el Sindicat d’Habitatge de València, quienes han mecionado «visitas constantes de la propiedad acompañada de la policía para generar incertidumbre o la
contratación de una empresa de seguridad privada». La entidad valenciana recalca que las notificaciones que han recibido algunas familias corresponden a los procedimientos judiciales abiertos.
Enganches ilegales de suministros
En relación con los suministros básicos, la entidad pública asegura que no ha realizado cortes de agua ni de electricidad en el edificio, como ha informado el colectivo. Según explican, lo que existe son «enganches ilegales de suministro de agua y luz«, una situación que también forma parte de los expedientes que se tramitan.
Además, recuerdan que la normativa autonómica establece que las personas que ocupen viviendas públicas y desarrollen actividades peligrosas, incómodas o insalubres que alteren la convivencia vecinal pueden quedar excluidas durante cinco años de los procesos de adjudicación de vivienda pública, de acuerdo con el decreto 106/2021.
Un problema extendido en el parque público
Desde la administración autonómica señalan que la ocupación irregular de viviendas públicas no es un caso aislado. Según indican, al inicio de la legislatura el 12 % del parque público de vivienda estaba ocupado de forma ilegal, lo que reduce la disponibilidad de viviendas para personas que sí cumplen los requisitos y esperan una adjudicación por los cauces legales.
Como ejemplo, explican que recientemente una familia con cuatro hijos no pudo acceder a una vivienda pública por falta de disponibilidad, a pesar de la existencia de inmuebles ocupados irregularmente. Ante esta situación, la Generalitat llegó a solicitar vivienda a la Sareb, aunque señalan que la entidad estatal rechazó la cesión de uno de los pisos vacíos con los que cuenta.
Desde el Consell insisten en que el objetivo es regularizar la situación de las viviendas ocupadas y recuperar el parque público para que pueda destinarse a las personas que cumplen los requisitos y necesitan acceso a una vivienda pública.
