La Generalitat ha presentado 35 recursos contra los nuevos deslindes impulsados por el Gobierno central en la costa valenciana, que afectan a unos 70 kilómetros de litoral y a vecinos y actividades económicas de más de una veintena de municipios.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha detallado esta ofensiva jurídica durante la presentación del plan de defensa de la costa valenciana. Según ha explicado, el objetivo es ‘proteger el litoral, defender los intereses de los municipios costeros y garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos afectados por las decisiones en materia de costas emprendidos por el Gobierno central’.
En el acto han participado también el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, y el concejal del Ayuntamiento de València Carlos Mundina, lo que ha reforzado la imagen de coordinación entre la administración autonómica y la local en este ámbito.
Martínez Mus ha subrayado que más del 70 % de la población de la Comunitat Valenciana vive a menos de diez kilómetros del mar. Por ello, ha recalcado la importancia del litoral para la actividad económica, turística y social de la autonomía, especialmente en las comarcas costeras.
El conseller ha alertado de la magnitud de los expedientes abiertos por la Administración central. ‘Tenemos mucho que hacer para proteger nuestra costa y en estos momentos estamos sufriendo esta vorágine de deslindes en todo el territorio‘, ha afirmado.
En esa línea, ha insistido en que la Generalitat está reaccionando de forma sistemática. ‘Lo que intentamos hacer es combatirlos, explicar en qué consiste esta herramienta, más que nada por la tranquilidad de la gente, que sepa que la Generalitat está impugnando todos y cada uno de estos deslindes y que no vamos a tolerar que se conviertan estas intenciones en normas firmes’, ha recalcado.
Municipios afectados y apoyo autonómico
Los recursos y alegaciones de la Generalitat se han extendido ya a más de una veintena de municipios del litoral valenciano. Entre ellos figuran Dénia, Sagunt, Puçol, El Puig de Santa Maria, la Pobla de Farnals, València, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia y Bellreguard.
En la provincia de Castellón, los procedimientos alcanzan a Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar, Benicàssim, Almassora, Borriana, Xilxes y Moncofa. Según ha indicado la Generalitat, en todas estas localidades se han presentado alegaciones frente a los nuevos límites del dominio público marítimo-terrestre.
El Consell ha señalado además que en municipios de la provincia de Alicante como Elche y Guardamar del Segura también existen procesos de regresión del litoral. En estos casos, el respaldo autonómico se canaliza a través del desarrollo normativo de la nueva norma autonómica sobre la costa valenciana.
La estrategia autonómica, ha explicado Martínez Mus, combina varios enfoques. Por un lado, persigue la protección ambiental y la regeneración de las playas. Por otro, impulsa la recuperación del equilibrio sedimentario y la inversión en actuaciones de protección costera. Todo ello se acompaña de un refuerzo de la seguridad jurídica para las personas y las actividades situadas junto al mar.
‘La protección ambiental y la seguridad jurídica no son conceptos incompatibles. Al contrario, deben avanzar juntas’, ha puntualizado el vicepresidente tercero, al defender este enfoque integrado.
Tres líneas de actuación
El plan de defensa de la costa valenciana se articula en tres grandes ámbitos. En primer lugar, la Generalitat reclama la ejecución de las obras de protección del litoral que siguen pendientes desde hace una década. Según ha denunciado, más de la mitad de estas actuaciones continúan sin ejecutarse, pese a su importancia para frenar la erosión y la regresión de playas.
En segundo lugar, el Consell centra su actuación en la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana mediante recursos y alegaciones. Estos escritos intentan frenar o matizar los deslindes que, a juicio del Gobierno autonómico, pueden generar inseguridad o alterar de forma drástica la situación de viviendas, negocios y propiedades cercanas a la costa.
La tercera línea de trabajo se basa en el desarrollo de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Esta norma autonómica pretende fijar un marco estable para la gestión del litoral, facilitar la planificación a medio y largo plazo y clarificar las reglas para los municipios y los particulares.
Además, la Generalitat mantiene su oposición al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas. Considera que determinados aspectos de ese texto pueden provocar inseguridad jurídica y afectar de forma negativa a ciudadanos, actividades económicas y ayuntamientos costeros que dependen del turismo y de los usos vinculados al mar.
En este punto, el conseller ha defendido que ‘un único temporal excepcional’ no debe servir como base para modificar de manera permanente los límites del dominio público marítimo-terrestre. Ha reclamado que cualquier decisión en esta materia se apoye en ‘criterios técnicos rigurosos, datos objetivos, series históricas contrastadas y parámetros científicos verificables’.
El plan incluye también el acompañamiento directo a ayuntamientos, asociaciones y vecinos. Este apoyo se traduce en la elaboración de informes técnicos, la presentación de alegaciones y recursos y otras actuaciones administrativas en los procedimientos que afectan al litoral. Con ello, la Generalitat busca que las administraciones y los particulares dispongan de respaldo experto frente a los cambios en los deslindes y las decisiones sobre la franja costera.
