La Guardia Civil ha detenido a quince personas acusadas de integrar una organización criminal especializada en estafas bancarias por teléfono, con un perjuicio económico cercano a los 400.000 euros. Los arrestados, ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años, presuntamente se hicieron con el dinero de empresas, asociaciones y particulares haciéndose pasar por personal de seguridad de distintas entidades financieras.
La investigación arrancó tras la denuncia de un club deportivo de Sant Joan d’Alacant, en la provincia de Alicante, que sufrió una estafa superior a los 53.000 euros. A partir de este caso, los agentes fueron encadenando indicios y detectaron que no se trataba de un hecho aislado, sino de un patrón que se repetía en distintos puntos del país.
Estafa por vishing y estructura organizada
Los investigadores identificaron que la organización utilizaba la técnica conocida como vishing, basada en la suplantación telefónica de bancos. Los autores llamaban a las víctimas simulando ser responsables de seguridad bancaria y generaban una situación de urgencia, normalmente vinculada a movimientos sospechosos o intentos de acceso indebido a sus cuentas. Aprovechando esa alarma, conseguían que los afectados facilitaran códigos de verificación, claves o autorizaciones para operaciones que, en realidad, iban dirigidas a vaciar sus cuentas.
Según las pesquisas, la red operaba mediante una estructura altamente especializada y distribuida en distintas células. Esta organización en grupos les permitía repartir las funciones y dificultar la identificación de todos sus miembros. Mientras unos se encargaban de las llamadas y del engaño directo a las víctimas, otros gestionaban la recepción del dinero y su rápida dispersión a través de diferentes cuentas bancarias.
El dinero obtenido se transfería de forma inmediata a cuentas controladas por la organización, muchas de ellas abiertas a nombre de terceros captados expresamente para actuar como intermediarios. Estas personas, conocidas como mulas, prestaban sus cuentas para recibir el dinero procedente de las estafas y, una vez ingresado, lo reenviaban o lo extraían en efectivo siguiendo las instrucciones de los responsables del entramado.
Las pesquisas permitieron comprobar que una parte del botín se convertía posteriormente en criptomonedas, que eran enviadas a plataformas financieras internacionales. Este paso añadía una capa adicional de opacidad y buscaba dificultar el rastreo del dinero, al aprovechar la rapidez de las transacciones y la menor trazabilidad de algunos servicios de intercambio de activos digitales.
En total, a esta estructura criminal se le atribuyen al menos 26 delitos de estafa cometidos en diferentes provincias: Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia. Las víctimas incluyen tanto empresas y asociaciones como particulares, lo que muestra que los autores adaptaban su discurso a cada perfil para resultar más convincentes.
Durante la operación, los agentes identificaron además a otras quince personas que actuaban como mulas bancarias al servicio del grupo principal. Su papel era clave para fragmentar los movimientos de dinero en múltiples cuentas y tratar de dar apariencia de normalidad a las transferencias, dificultando el trabajo de los investigadores y los controles internos de las entidades financieras.
La coordinación con los bancos afectados ha resultado determinante para seguir el rastro de los fondos y frenar parte del daño económico. Gracias a esta colaboración se han podido bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas, evitando que la totalidad del dinero desapareciera en la red de cuentas y criptomonedas utilizada por la organización.
A los quince detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que se hará cargo de la causa y valorará las responsabilidades penales de cada uno de los implicados en función de su grado de participación en las estafas.
