Los sindicatos CCOO PV y UGT PV han movilizado esta mañana a más de un millar de personas frente al Palau de la Generalitat para defender los derechos y las condiciones laborales del personal de los servicios sociales, así como un servicio público de calidad y sin recortes.
La protesta, secundada por personas usuarias y trabajadoras del sector, “es consecuencia del incumplimiento por parte del Gobierno del popular Carlos Mazón de los pactos y acuerdos alcanzados mediante el diálogo social la pasada legislatura y que incluía, entre otras cuestiones, la dignificación y la homologación salarial de este personal respecto con las trabajadoras y trabajadores públicos”.
Los agentes sociales han constatado en apenas cien días de nuevo Consell que “las promesas por parte de la vicepresidenta segunda y titular de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, de que iba a gestionar sin sectarismos ideológicos son falsas, ya que en este tiempo casi ha desmantelado medio sistema público de servicios sociales”.
Entre otros incumplimientos, “su departamento ha desviado los fondos presupuestarios y consignados para incrementar los salarios en el año 2023 del personal de los centros de acción concertada, un sector feminizado, y no ha provisionado fondos suficientes para cumplir el acuerdo en los presupuestos de 2024″.
En los centros de titularidad pública y gestión privada tienen retenidas las licitaciones, lo que implica que no hay homologación, ni incrementos salariales. Por esto, “exigimos las licitaciones ya y que no se apliquen prórrogas forzosas, porque esto significaría incrementar la deuda con las entidades que gestionan estos centros, ya que estarían en expediente de resarcimiento, es decir, sin contrato”.
Las organizaciones convocantes recuerdan que el acuerdo alcanzado el 17 de noviembre de 2022 fue “un día histórico” para el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
Un pacto que permitía mejorar la financiación de las entidades y hacer efectiva la homologación salarial y de jornada de las personas trabajadoras.
En suma, un acuerdo “para sostener adecuadamente la cuarta pata del estado del bienestar“.
Los sindicatos UGT-PV y CC OO consideran que “la propuesta ofrecida el lunes por la consellera de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, es insuficiente y en modo alguno garantiza ni los precios ni los salarios contemplados en el acuerdo de hace un año“.
Los sindicatos exigen al Gobierno de Mazón que “rectifique y trabaje en la dirección de un gobierno decente y priorice las políticas a favor de quienes son las personas más vulnerables de la sociedad“.
El nuevo Consell “aún está a tiempo de retomar el acuerdo de hace un año y modificar, vía enmiendas, el proyecto presupuestario, porque está en riesgo la calidad asistencial y el bienestar de decenas de miles de personas usuarias y de más de 13.000 personas trabajadoras“.
