Un hombre ha sido víctima de una detención ilegal en su propia vivienda en una urbanización de Manises, donde fue amenazado de muerte, golpeado y expulsado por la fuerza por un grupo de personas que irrumpió en el inmueble. La Guardia Civil ha detenido a tres personas por estos hechos, dos hombres y una mujer, y mantiene investigado a un cuarto implicado por omisión del deber de socorro.
La víctima ha denunciado que el pasado 18 de diciembre un grupo formado por entre 10 y 12 individuos, algunos armados con cuchillos, punzones y un arma de fuego, accedió por la fuerza a su vivienda acompañado por un cerrajero. Una vez en el interior, los autores le ataron las manos con bridas, le propinaron golpes y le amenazaron de muerte en varias ocasiones, además de advertirle de que no regresara nunca más al domicilio.
Tras la agresión, los asaltantes cambiaron la cerradura y expulsaron al hombre de la vivienda sin permitirle recoger sus pertenencias personales. En el momento de interponer la denuncia, la víctima presentaba lesiones graves como consecuencia de los golpes recibidos.
Según consta en la investigación, el perjudicado residía en la vivienda desde hacía 20 años, inmueble que era propiedad de un familiar. Días antes de los hechos, la casa había sido vendida a dos personas, que figuran entre los detenidos.
Las diligencias practicadas por los agentes han permitido identificar a tres personas como presuntas responsables, que fueron detenidas el 7 de enero. Se trata de dos hombres de 27 y 23 años y una mujer de 24, todos ellos de nacionalidad española, a quienes se les atribuyen los delitos de detención ilegal, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y amenazas.
Además, ha sido investigado un hombre de 42 años y nacionalidad italiana por un presunto delito de omisión del deber de socorro. Durante los hechos, y mientras la víctima permanecía atada, los autores llamaron a una empresa para instalar un sistema de seguridad en la vivienda. El trabajador que acudió al domicilio presenció la situación, pero no alertó en ningún momento a las fuerzas de seguridad.
La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Aldaia, y las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Quart de Poblet.
